'Caso García Ortiz'

La Fiscalía apela a los periodistas afines al Gobierno para defender la inocencia de su jefe García Ortiz

Sánchez Conde sostiene que la filtración era "impune" porque la prensa ya conocía los correos

Sánchez Conde y García Ortiz
Sánchez Conde y García Ortiz.

La Fiscalía ha defendido este jueves en el Tribunal Supremo que la filtración investigada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el caso de Alberto González Amador no constituye delito alguno porque ya antes de que él tuviera el material supuestamente lo conocían los periodistas. Se trata de informadores afines al Gobierno de España que no han demostrado documentalmente que tuvieran una copia íntegra de los mails antes de que le llegaran a García Ortiz.

Según la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, defendiendo a su jefe directo, “aun en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios”.

En la sexta y última sesión del juicio celebrada en el Tribunal Supremo, Sánchez Conde ha defendido que “no hay indicios suficientes” para condenar a García Ortiz por revelación de secretos. El fiscal general se enfrenta a una posible pena de seis años de prisión y doce de inhabilitación. La acusación sostiene que filtró el 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero, en el que ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto.

Sánchez Conde, sin embargo, ha argumentado que varios periodistas “tuvieron acceso al correo sobre González Amador antes que el propio fiscal general”. Ha citado expresamente a redactores de la Cadena SER, elDiario.es, El País y La Sexta, afirmando que “ha quedado acreditado indubitadamente que varios periodistas estaban hablando de la existencia de los dos correos relativos a la pareja de Díaz Ayuso”.

La representante del Ministerio Público ha insistido en que la investigación ha demostrado que la información circulaba entre medios “días antes de que García Ortiz tuviera conocimiento del contenido”. Según su exposición, esa circunstancia bastaría para “romper la cadena de custodia informativa” y excluir cualquier responsabilidad penal.

El 13 de marzo de 2024, la Cadena SER avanza el contenido del correo remitido por la defensa de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos, en el que se negociaba el reconocimiento de dos delitos fiscales por valor de 350.951 euros.

Desde entonces, la figura de García Ortiz ha estado bajo sospecha. La oposición y parte de la carrera fiscal han exigido reiteradamente su dimisión, mientras que el Gobierno ha cerrado filas en torno a él.

Durante su intervención, Sánchez Conde también ha defendido el “borrado” de los chats de WhatsApp por parte de García Ortiz, argumentando que “aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa”.

Devolución de dispositivos

Sánchez Conde ha solicitado al Alto Tribunal que ordene a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que devuelva a la Fiscalía o elimine la copia de la información obtenida durante los registros realizados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid.

Así lo ha manifestado en su informe final del juicio la número dos de la Fiscalía. Los agentes explicaron que del despacho de García Ortiz extrajeron una única copia, mientras que del de Rodríguez realizaron dos: una que permanece bajo custodia del Supremo y otra sobre la que trabajaron directamente.

Asimismo, indicaron que copiaron toda la información encontrada en los dispositivos electrónicos —como teléfonos móviles, ordenadores y cuentas de correo— sin poder ceñirse al límite temporal establecido por el juez instructor, que comprendía del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024, alegando que era técnicamente inviable y que así ocurre en multitud de casos.

En todo caso, precisaron que durante el análisis únicamente utilizaron los datos comprendidos dentro del periodo finalmente fijado por el magistrado del Supremo, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

“Esta Fiscalía está seriamente preocupada por el uso de la información obtenida, especialmente la procedente del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, de la cual se hizo una segunda copia que sigue en manos de la UCO”, advirtió Sánchez Conde. Por este motivo, solicitó al Tribunal Supremo que “ordene la devolución de dicha información a la Fiscalía o, en su defecto, su destrucción definitiva”.

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