La Fiscalía denuncia a Miguel Frontera por llevar una pancarta con el lema «Pablo Iglesias hijo de terrorista»

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presumió durante un tiempo de ser hijo de un ‘frapero’, al haber militado su padre en las filas del grupo terrorista FRAP que actuó en España en la década de los años 70. Pero ahora recordárselo supone buscarse un problema con la Justicia. Así le ha ocurrido a Miguel Frontera, un vecino de Galapagar que habitualmente acude a las inmediaciones de la finca donde reside Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, para protestar por la gestión de la crisis del Covid. En una de sus visitas portaba pacíficamente una pancarta que rezaba «Pablo Iglesias hijo de un terrorista». Ahora, la Fiscalía de Madrid, dependiente de la Fiscalía General del Estado que dirige la ex ministra Dolores Delgado, ha actuado de oficio contra frontero acusándole de un delito de injurias contra el líder de Podemos.

OKDIARIO ha tenido acceso al sumario de esta causa, y en la misma consta un oficio de la Dirección General de la Guardia Civil, de 8 de junio de 2020, remitido a la Fiscalía Sección Territorial del municipio madrileño de Collado Villalba. Los agentes que vigilan el domicilio del líder de Podemos por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, describieron los siguientes hechos en su informe: «Entre las pancartas y lemas portados por las personas concentradas en las inmediaciones de este domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad, se ha podido observar desde el día 2 de junio, cómo uno de los asistentes expone un cartel con las inscripciones a mano en ambas caras del mismo que decía así: ‘Pablo Iglesias hijo de terrorista’».

Tan sólo un día después, la fiscal decana de Madrid solicitó de manera urgente a los agentes un nuevo informe con nuevos detalles sobre los hechos acaecidos. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que en casos similares los agentes de la Benemérita y la Fiscalía «no actúan de esta forma contra un ciudadano cualquiera por el simple hecho de portar una pancarta aunque la misma sea abominable». Pero en este caso, continúan, la Guardia Civil está a las órdenes del ministro socialista y socio de Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska. Asimismo, la Fiscalía depende de la que fuera ministra de Justicia con Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Informe de la Guardia Civil

El segundo informe de la Jefatura de Información, con número 4620, amplió «los extremos aportados en lo relativo a las fechas de exhibición pública de mensajes injuriosos». La Fiscalía consideraba que tales hechos podrían constituir un delito de injurias graves a la autoridad tipificado en los artículos 208 y 215.1 del Código Penal y quería comprobar si se trataba de un delito continuado.

Con el objetivo de verificar la continuidad de los hechos, remarcó la Comandancia de Madrid en su segundo escrito, se adjuntaron ocho imágenes y dos vídeos. El agente instructor subrayó: «La pancarta con el texto ‘Pablo Iglesias hijo de terrorista’, fue vista por primera vez el día 2 de junio y la que contiene el texto ‘Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas’, apareció el día 5 de junio. A partir de esta fecha, los dos carteles han ido en el mismo soporte, una por anverso y la otra por reverso». Apuntó que el domingo, 7 de junio, fue la última vez que se pudieron observar dichas pancartas. El mismo informe adjunta imágenes y vídeos en un DVD incorporado a la causa.

Inmediatamente, la fiscal decana incoó diligencias de investigación. Y fruto de éstas, presentó una denuncia contra el vecino Miguel Frontera, el 14 de julio, por injurias graves hechas con publicidad que está castigado con una pena de multa de seis a catorce meses.

Hasta 14 años de prisión

Estas diligencias de investigación se iniciaron antes de que el líder podemita se querellara contra este vecino por la comisión de seis supuestos delitos: acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La condena oscila entre los dos años y nueve meses, en el grado más bajo de cada una de los ilícitos, y los 14 años de prisión como máximo.

La denuncia de la Fiscalía se suma a la querella presentada por Iglesias, el pasado 12 de julio, por un hecho ocurrido en las inmediaciones de su domicilio en la urbanización de La Navata, coincidiendo con la hecatombe electoral del partido en Galicia y el País Vasco.

La querella de Iglesias

Los hechos ocurrieron a las 21:00 horas de aquel 12-J. Frontera se encontraba en las inmediaciones de la vivienda, concretamente por la parte trasera. Se desplazó hasta allí porque, según contó a este periódico, en los últimos días los agentes de la Benemérita «habían bajado la presión».

Subido a una roca, Miguel comenzó a grabar la parte trasera del casoplón mientras detallaba el lugar en el que se encontraba. Sorprendentemente, el líder de Podemos salió al porche de su casa y se asomó a su inmenso jardín. Inmediatamente, dejó de grabar.

Iglesias, según narraron los agentes en el atestado, se dirigió a la garita en la que se encuentran los agentes de la Benemérita y aseguró que había visto a un ciudadano que habría grabado el interior de su domicilio. Este vecino fue detenido y su móvil, cinco meses después, se encuentra bajo custodia judicial.

Ahora, Miguel Frontera tendrá que enfrentarse a dos acusaciones: una ejercida por la Fiscalía por un supuesto delito de injurias, y otro por el vicepresidente por varios supuestos delictivos, entre ellos, el de revelación de secretos. Este vecino tendrá que enfrentarse a los supuestos delitos de alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente, dado que han sido archivados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba.