El fiscal general confía su defensa a la abogada del Estado que firma las querellas de Sánchez

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confía su defensa a la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, que firmó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado y que cercó al novio de Ayuso en su causa judicial. El Tribunal Supremo ha abierto causa especial contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos al filtrar datos sobre el procedimiento que se sigue sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Fuentes jurídicas aseguran que ha evitado pagarse un abogado de su bolsillo y ha optado por que su defensa la ejerza la Abogacía del Estado. «Es indecente», señalan las mencionadas fuentes. 

La abogada del Estado multiusos del Gobierno aterriza en la causa del fiscal general que se sigue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Zaida Isabel Fernández Toro es la jefa de Penal de la Abogacía del Estado y se encargará de defender a Álvaro García Ortiz en el procedimiento que dirige el juez Ángel Luis Hurtado. El instructor acordó la entrada y registro en el despacho del fiscal general para esclarecer hechos que se investigan y la abogada del Estado pidió anular la diligencia y que se procediera al borrado de los archivos. Recurrió ante la Sala de lo Penal del Supremo alegando «manifesta y notoria desproporción».

Previamente a defender a García Ortiz, la abogada del Estado hizo méritos posicionándose en contra del novio de Ayuso. Lo hizo purgando al abogado del Estado, David Vilas. En su lugar se colocó ella rechazando legitimar el acuerdo para dilatar la causa, que interesa políticamente al PSOE, que quiere derrocar a toda costa a la presidenta autonómica. Fuentes consultadas señalan que el anterior abogado del Estado estaba dispuesto a firmar el pacto en el que el novio de Ayuso se disponía a pagar.

Defensa de Pedro Sánchez

La abogada del Estado que defiende al fiscal general también se encargó de firmar la querella de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a su mujer Begoña Gómez. Se trataba de la primera vez en el siglo XXI que un presidente se querella contra un juez. La Abogacía General del Estado llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.

Zaida Isabel Fernández defendió a lo largo de 35 páginas que Pedro Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno. «Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada […] contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», apuntaba en la querella a la que ha tenido acceso OKDIARIO.  

Para la Abogacía del Estado, la decisión del juez ha sido «prevaricadora» porque en su providencia del 19 de julio «no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito». La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó esta petición y avaló la decisión de los jueces de instrucción de Plaza de Castilla. 

Pidió la amnistía

La defensa de Zaida Isabel Fernández Toro también se ha extendido a tratar de beneficiar a los socios de Pedro Sánchez. La abogada del Estado pidió que se alzaran las medidas cautelares contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de investigados en la causa Tsunami que se investigaba en la Audiencia Nacional.  Pidió «el inmediato alzamiento» de la orden de detención contra el ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aplicación de la Ley de Amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos separatistas.

A lo largo de 32 páginas argumentaba que se debía aplicar el perdón a Puigdemont, a los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, y a la líder de ERC, Marta Rovira, porque «la totalidad de los hechos» que encajan en el delito de desobediencia «son incardinables en el supuesto de actividad amnistiable» prevista en el artículo 1.1 de la Ley de Amnistía.