España se juega con el ‘no’ de Sánchez el aumento de los salarios públicos y las pensiones

Que el Partido Popular emplee el argumento del déficit para presionar a los líderes autonómicos del PSOE hacia una abstención tiene varias consecuencias visibles. El ajuste del gasto público lleva ligada una repercusión inmediata en aspectos clave, como la dotación de infraestructuras o las partidas destinadas a pensiones o contratación pública. 

De acuerdo a las estadísticas, el principal ‘empleador’ público son las autonomías. Todas ellas han aumentado en los últimos años el gasto en personal. En algunos casos, como en Baleares, con cifras que rondan el 30% de incremento en los últimos ocho años.

La serie histórica no dejó de crecer incluso en los años más duros de la crisis: Baleares, Navarra, Aragón y Cataluña son las comunidades que más trabajadores públicos emplean. Y con ello, el gasto público en esta partida se encuentra disparado. Según Hacienda, hasta los 179.679 millones este año. No en vano, las nóminas de empleo público son la principal partida de gasto autonómico, no por aumento del número de sueldos, que también, sino, sobre todo, por el número de contratos nuevos. 

Ello, pese a los reiterados avisos del Gobierno y de la Unión Europea. No deja de resultar paradójico que algunas de las comunidades que más se alejan del cumplimento del déficit, como Cataluña, sean de las que más hayan aumentado el gasto de personal. Baleares, a la cabeza del incremento de gasto, está gobernada por Francina Armengol, dirigente socialista afin a Sánchez y partidaria de explorar un acuerdo alternativo con Unidos Podemos. 

El año pasado, el agujero de las comunidades ascendió a 17.962 millones de euros, muy lejos del objetivo presupuestario marcado. Pese a ello, la mayoría incrementaron su gasto en nóminas. Cataluña, más de un 6%; la Comunidad Valenciana, más de un 3% y Andalucía y Baleares, un 3,8% y un 3,6%, respectivamente.

El margen que en abril Hacienda aplicó a las comunidades autónomas para aliviar sus estrecheces presupuestarias, podría ser ahora reversible si Bruselas aprieta y las obliga a cumplir con el déficit pactado. De ahí que desde el Gobierno se advierta a los líderes regionales de la urgencia de cumplir con los organismos comunitarios y presentar un esbozo presupuestario, cuyo plazo expira el 15 de octubre. 

Y a ello hay que añadir la precaria situación de la hucha de las pensiones, que dificulta también el cumplimiento de déficit. En julio, el Gobierno retiró 8.700 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ya de por sí al límite, para pagar la paga extraordinaria de verano a los pensionistas y el IRPF a Hacienda.

En apenas cinco años, el montante se ha visto reducido en 16.000 millones, hasta los 25.176 millones de euros, Según la Autoridad Fiscal (AIReF), el Fondo de Reserva se vaciará del todo en 2017. 

Cataluña es la región con mayor cantidad de pensionistas y a la que la Seguridad Social aporta una mayor cantidad de dinero para pagarles.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hay más de 1,68 millones de catalanes pensionistas (un 1% más que un año antes), que han cobrado un total de 1.576,92 millones de euros en junio de este año. Le siguen Andalucía, Madrid y Comunidad valenciana.