ERC va más allá de la cabeza de Esteban y exige a Sánchez indultar a los CDR y ‘tsunamis’ procesados

ERC ya ha dejado claro que la cabeza de Paz Esteban no sacia su sed. Y no lo hace porque su precio siempre fue la decapitación de Margarita Robles, no de la directora del CNI. Robles ha conseguido salvar el control del departamento de inteligencia con otra persona de su máxima confianza y, por lo tanto, ERC exige más precio: en concreto, el indulto general a todos los procesados por delitos relacionados con el separatismo catalán. En especial, a los miembros de los CDR y de Tsunami Democràtic.

El cuadro coge forma. Pedro Sánchez ha entregado la cabeza de Paz Esteban a los separatistas tras saberse que, con pleno respaldo judicial y dentro de la más absoluta legalidad, el CNI investigó por sus indicios de criminalidad a 18 líderes separatistas. El resto, hasta superar los 60 casos que denunciaron los separatistas, simplemente era mentira.

Y, ahora, los separatistas confirman que no se sienten pagados porque, realmente, siempre quisieron la cabeza de Margarita Robles, la misma ministra de Defensa que bloqueó desde el inicio el acceso a información del CNI por parte de Pablo Iglesias.

La petición real de indulto fue trasladada ya hace un par de semanas al PSOE por parte de los separatistas de ERC. Y es mucho más amplia. Porque quieren literalmente, como ya anticipó OKDIARIO, un indulto general, no sólo a los culpables del golpe separatista del 1-O ya condenados y perdonados, sino a los más de 300 CDR y miembros de Tsumai Democràtic que se enfrentan a causas abiertas por delitos relacionados con el separatismo.

ERC registró hace un par de semanas en el Congreso de los Diputados una proposición en la que exigía sin tapujos al Gobierno garantías firmes y plasmadas ante la Cámara de la impunidad de los CDR y del resto de separatistas que siguen desafiando la legalidad y atacando la unidad de España.

La petición exacta de indulto a Pedro Sánchez por parte de ERC fue redactada con sigilo: “Cumplir con las recomendaciones dirigidas al Estado español incluidas en la Resolución 2381 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, según el texto literal. Pero la reclamación, sin embargo, iba acompañada de toda una explicación que devela el verdadero sentido que da ERC a esa frase.

Consejo de Europa

Así, la explicación destaca que “el Estado español es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977” y que “ser Estado miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y comprometerse con unos estándares de calidad democrática, de respeto del estado de derecho y de salvaguarda de los derechos humanos”. Que “el artículo 3 del estatuto del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero” y que “el estado español, como todos los miembros del Consejo de Europa, está sometido a distintos procedimientos de supervisión y de rendición de cuentas, y es en este sentido que ha de cooperar con esta organización internacional para la consecución de esas finalidades”.

Por todo ello, ERC exige al Gobierno de Pedro Sánchez que “reforme los preceptos penales de rebelión y sedición. Pero no reformarlos de cualquier manera, sino de manera que su interpretación no conlleve una vuelta a la penalización por la organización de un referéndum ilegal, teniendo en cuenta que se despenalizó en 2005, o que pueda dar lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”.

También le pide que “indulte a los presos políticos catalanes, así como retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas”. Y que “retire todos los procesos penales, incluidos los relativos a funcionarios de menor rango involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar a los políticos sucesores de los presos políticos por acciones simbólicas que meramente expresaban solidaridad con aquellos en prisión”.

Por último reclama a Sánchez que «asegure que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de tal manera que la culpabilidad se determine, si y sólo si, las pérdidas para el presupuesto estatal o en sus activos, es real y cuantificada”.