Un empresario confiesa al juez que pidió hablar con Cerdán para lograr contratos del Gobierno

El empresario José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) e investigado en la trama del PSOE, ha admitido este viernes ante el Tribunal Supremo que pidió en marzo de 2022 al entonces asesor ministerial Koldo García reunirse directamente con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, para resolver problemas relacionados con contratos gubernamentales. Ha negado el pago de mordidas pero ha confirmado contactos de alto nivel con la cúpula socialista.

Además, Ruz ha confirmado que cuando en las conversaciones interceptadas se mencionaba a «El Navarro», se referían a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. El empresario también ha admitido que el término «ganadería» se utilizaba como código para hablar de partidos políticos, en concreto del PSOE.

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ruz pidió en marzo de 2022 al entonces asesor ministerial Koldo García hablar directamente con Santos Cerdán porque tenían «heridos inocentes» y «gente fuera del baile». «No es conveniente para la ganadería», le dijo en esa conversación.

Además, Ruz desvela haber mantenido reuniones con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y haber utilizado teléfonos seguros para comunicarse con la trama corrupta socialista. Ha negado categóricamente el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Durante su declaración como investigado, Ruz ha reconocido que se reunió «en varias ocasiones» con Ábalos tanto «en el domicilio del político como en otros lugares», aunque no ha especificado qué asuntos trataron en estos encuentros clandestinos, según han confirmado fuentes jurídicas a OKDIARIO.

El magistrado instructor ha señalado a Pepe Ruz como «un elemento común a los principales investigados» del caso, incluyendo a Ábalos, Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. La investigación ha revelado que Ruz ha mantenido «reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas al propio Koldo».

Una de las revelaciones más escabrosas de la declaración ha sido la confirmación de que la palabra clave para iniciar las comunicaciones entre Ruz y Koldo García era «café». El empresario ha asegurado ante el magistrado que el ex asesor ministerial le entregó un teléfono seguro para que ambos se comunicasen de forma encriptada.

La investigación ha destapado un entramado de pagos encubiertos que habrían servido para camuflar las presuntas comisiones. La Guardia Civil ha identificado «pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a Koldo, realizados mediante la contratación de éste por parte del empresario» Juan Carlos Etero.

Ruz ha negado que Koldo García estuviera en nómina de Levantina Ingeniería y Construcción, asegurando que fue contratado por la empresa de Etero. Según su versión, delegó en Etero las labores de seguridad para las obras de Levantina, y Koldo habría sido asignado para supervisar una de las mismas como vigilante nocturno.

La UCO considera que «este empresario habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la seguridad social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual, que más tarde era compensada por parte de LIC al propio Etero».

Otros imputados

Los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), también han comparecido este viernes ante el magistrado negando el pago de mordidas. Daniel Fernández ha dado detalles sobre la contratación de la ex mujer de Koldo, Patricia Uriz, por parte de la empresa Áridos Anfersa.

Los investigadores han documentado «pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y al menos el 2 de junio de 2023, de OPR al entorno de Koldo, mediante la contratación de su mujer». Daniel Fernández ha reconocido que Koldo García le pidió trabajo para su entonces mujer y que ejerció de intermediario, aunque ha asegurado que no sabía si llegó a trabajar realmente.

Este caso tiene sus raíces en la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19, cuando se detectaron irregularidades en contratos públicos gestionados por el entonces Ministerio de Transportes. La trama habría utilizado su influencia política para conseguir adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones. Ahora se ha ampliado a contratos de obras.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al término de las declaraciones la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal de Ruz en los juzgados. Para los hermanos Fernández, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón ha solicitado únicamente comparecencias apud acta.

Estas declaraciones marcan el inicio de la ronda de empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de comisiones. Este lunes comparecerán ante el magistrado Antxón Alonso, administrador único de Servinabar, y Fernando Merino, ex directivo de Acciona.