Caso Gürtel

Dos de los 3 jueces de Gürtel piden un mes para retocar la ponencia y endurecer las penas al PP

Gürtel
Tribunal del caso Gürtel. (Foto: AFP)

Los jueces que hicieron testificar a Mariano Rajoy han parado la sentencia del caso Gürtel para endurecer las penas al PP. El rumbo tomado por el magistrado ponente Ángel Hurtado no ha satisfecho a los otros dos jueces: Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Y, en especial, a este último, el más incidente en la necesidad de endurecer la sentencia. El resultado: De Prada y De Diego han pedido un mes para retocar la ponencia para garantizar que la pena incluya un tratamiento más duro para el PP.

Se trata de los mismos bloques que se apreciaron cuando se citó al presidente Rajoy a testificar por Gürtel. Ángel Hurtado anunció que la decisión de citar como testigo a Rajoy se había adoptado por “mayoría”. Y dijo bien, porque no hubo unanimidad. La comparecencia del presidente del Gobierno se produjo por la exigencia de José Ricardo de Prada y Julio de Diego, que han mostrado ya en más de una ocasión su alineamiento frente a la postura del presidente Hurtado.

Era conocido que Hurtado y De Prada son magistrados antagónicos. Hurtado mantiene un perfil más conservador y De Prado es radicalmente progresista. De Diego era el encargado de desequilibrar. Lo hizo entonces y lo volverá a hacer ahora.

La postura anticipa una sentencia dura para el PP. De hecho, OKDIARIO adelantó ya que la mayoría del tribunal encargado de la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel (1999-2005) se inclina por condenar a 30 del total de 37 procesados que se sentaron en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Y todo ello a través de un prolijo fallo que supera ya las 1.000 páginas.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, las discrepancias en el tribunal formado por el ponente Hurtado y los magistrados De Prada y De Diego son “mayúsculas”. Unas discrepancias sobre las condenas y absoluciones que han ido retrasando la sentencia sobre Gürtel. Las mismas fuentes apuntan que de los 37 acusados, “sólo 5 ó 7” resultarán absueltos y no serán “los más conocidos”.

Así, dos de los tres magistrados quieren condenar al PP y a la ex ministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo e imponer penas de cárcel a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas. Una decisión que afectaría gravemente al pacto que Génova alcanzó con su ex tesorero para que mantuviera un perfil bajo.

También se da por seguro que entre los cerca de 30 condenados estará el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; el que fuera su mano derecha, Pablo Crespo,  y el propio Bárcenas. El propio Hurtado ha hecho público en algunas ocasiones que las discrepancias surgidas sobre algunos puntos clave podían llevar a que él mismo encargase la redacción a los dos otros dos magistrados de la parte de la resolución en la que cada uno discrepase.

Entre los titulares más llamativos que ha arrancado el juez José Ricardo De Prada se encuentra su presencia en Tolosa, en un evento organizado por el entorno abertzale. Fue en 2016, cuando aceptó una invitación para participar en un foro organizado por el Ayuntamiento de Tolosa donde Íñigo Iruin, abogado de ETA, afirmó que los tribunales españoles no perseguían las torturas de las fuerzas y cuerpos seguridad a los presos de la banda asesina.

Allí, José Ricardo de Prada afirmó que la imposibilidad de que los arrestados sean asistidos por sus abogados es “un caldo de cultivo para que esas personas sean forzadas” y aseguró que “yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”.

Hurtado es la antítesis. De tendencia conservadora, próximo a Manuel Marchena, revisó la investigación del caso Faisán y emitió un voto particular contrario a la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se extendió la derogación de la doctrina Parot a todos los miembros de ETA.

La sentencia, más que previsiblemente dura, puede ser un duro mazazo para el PP en medio, también, de los casos Lezo y Púnica.

Lo último en España