Los diputados separatistas no ponen reparos a representar a España en viajes pagados al extranjero

Los parlamentarios separatistas en las Cortes Generales no tienen ningún inconveniente en representar a España como parte de las delegaciones oficiales de Congreso y Senado cuando viajan al extranjero a eventos institucionales.

Pese a que el portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, declaró a finales de 2015 que «en 18 meses» él y sus compañeros pondrían fin a su estancia en las Cortes Generales tras ejercer como «una especie de delegación diplomática en defensa de la República Catalana», los parlamentarios independentistas no sólo continúan acudiendo a la actividad ordinaria de las Cámaras, sino que también se apuntan a los viajes de las «delegaciones españolas».

Por ejemplo, esta semana se ha celebrado un desplazamiento a la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que tiene lugar en Luxemburgo del 3 al 8 de julio. La delegación española la forman los socialistas Pere Joan Pons y Antonio Gutiérrez Limones; los populares Ignacio Cosidó, Beatriz Escudero y Sebastián González Vázquez y la senadora de ERC Laura Castel. Están acompañados por el letrado de las Cortes Ignacio Gutiérrez Casillas.

Los gastos de estos viajes corren a cargo de los Presupuestos de las Cortes Generales. En concreto, «en el coste de los viajes está incluido el correspondiente al desplazamiento y alojamiento de los parlamentarios, así como el del personal administrativo que, en ocasiones, acompaña a la delegación», señala la dirección de Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.

Desde 2017, los parlamentarios que forman parten de estas delegaciones no gozan del sistema de dietas anterior, sino que perciben el «reintegro de los gastos efectivamente producidos y debidamente justificados, con el límite de 150 euros por día en desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios para viajes dentro del territorio nacional».

«Internacionalización»

Los separatistas vienen utilizando la OSCE como herramienta para lo denominan «internacionalización» del conflicto. En la campaña de las pasadas elecciones generales,

El pasado lunes, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior tuvo que defender ante una delegación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) el «respeto» con el que estaba cumpliendo las resoluciones de la Junta Electoral Central para que los presos del golpe de separatista en Cataluña, juzgados por el Supremo, pudiese hacer campaña desde la cárcel.

La información fue transmitida a varios representantes de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), por el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

A instancia de la ODIHR, el secretario general de Instituciones Penitenciarias explicó que en todo momento hicieron posible que se cumplieran los mandatos de la Junta Electoral Central, intentando que fuera compatible la figura de candidato con el régimen de vida interior, el uso ordinario de la sala de videoconferencias, las visitas institucionales y de abogados, y con el derecho a comunicar del resto de internos.