Diputados del PP que votaron la ‘reforma Txapote’ creen que la rebaja de penas dependerá de los jueces

Diputados del PP que votaron la reforma Txapote sin un debate público y a fondo sobre el posible beneficio que podría suponer para los presos de ETA, creen que todavía dependerá de los jueces el que haya o no rebaja de penas para estos etarras. Así lo reconocen fuentes parlamentarias sobre el horizonte que se abre cuando la norma llegue al BOE tras pasar por el Senado el próximo lunes, donde el PP ya ha asegurado que votará en contra. En el Pleno del Congreso, el pasado 18 de septiembre, se aprobó por unanimidad (incluidos los votos de PP y Vox).

Se da la circunstancia, además, de que mientras la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a través de sus servicios jurídicos, se inclina por que habrá rebaja de penas para 44 pistoleros de ETA. En cambio, en la dirección del PP hay serias dudas al respecto y subrayan que toca esperar a la interpretación que hagan los jueces sobre un texto cuyo fin principal es la transposición de una directiva europea. «Ya veremos lo que pasa», afirmaba este jueves un cargo destacado del Grupo Popular. «Había que transponer una directiva europea y eso hicimos», añadía otro compañero.

De hecho, en la sesión plenaria de ayer en el Congreso, el PP incluyó a última hora un punto sobre esta cuestión en una moción sobre «los principios democráticos que deben inspirar la acción del Gobierno». El Grupo Popular introdujo dicho punto para que el Congreso emplazara al Gobierno a paralizar la polémica reforma legislativa, conforme al artículo 127 del Reglamento del Senado, y a encargar «un estudio riguroso de todos los efectos que habría producido el texto actual en caso de entrar en vigor» con el fin de redactar «un nuevo proyecto de ley que en ningún caso contenga normas de las que puedan beneficiarse personas condenadas por delitos de terrorismo». Sin embargo, esta iniciativa no recibió el apoyo de la Cámara baja.

Por su parte, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sí fue taxativo en el Pleno del miércoles al asegurar que con esta reforma «no hay rebaja de condenas» sino que «se tiene en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero» y, por tanto, «a quienes se les condenó a 30 años cumplirán 30 años. Y a quienes se les condenó a 10 años cumplirán 10 años», recalcó.

Con todo, el pasado miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio de plazo a Sánchez hasta el lunes para que retire el controvertido texto y, a partir de ahí, se estudie una reforma donde no exista resquicio alguno al que puedan acogerse los abogados de los presos etarras para intentar una rebaja de penas. El lunes está convocado un Pleno del Senado para votar el proyecto de ley, que pese al voto en contra de la mayoría absoluta del PP, acabará en el BOE porque no recibió ningún veto ni enmienda alguna en la Cámara Alta.

Desde el PP recuerdan además que si hubiera votado en contra en el Congreso, el resultado habría sido el mismo, puesto que Sánchez se habría apoyado en sus socios para sacar el texto adelante. De ahí que en la dirección del PP califiquen esta equivocación, según fuentes populares, como un «error estético».

Enmienda de Sumar

El que exista la posibilidad de que estos etarras que puedan salir de prisión antes de tiempo, se debe a la inclusión en la reforma de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio europeo de información de antecedentes penales, de una enmienda por parte de Sumar en el Congreso con la que se suprime una disposición que introdujo el Gobierno Rajoy. Esta cláusula impedía, hasta ahora, que los condenados terroristas pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

En febrero de 2022, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó un dosier de los entonces 48 etarras que podrían verse beneficiados de un eventual cambio legal como el perpetrado ahora por el Gobierno. Dos años y medio después, cuatro de esos pistoleros han salido en libertad tras cumplir íntegramente su pena, pero otros 44 que han estado encarcelados en Francia, podrían ver acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes de lo previsto.

En la Comisión de Justicia donde Sumar presentó la enmienda clave, el PP no relacionó esta maniobra con los presos de ETA, pues como ha contado el propio portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, sus diputados se centraron en «otras enmiendas de Junts» que pretendían «obtener beneficios judiciales» para el ex presidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia. «Posiblemente perdieron de vista enmiendas que podían parecer inofensivas y no lo eran», resumió Tellado sobre lo ocurrido.