Díaz exige a los que han perdido su coche en la DANA que compren uno eléctrico si quieren la subvención

Yolanda Díaz quiere que el Gobierno despliegue un plan para que los vecinos de Valencia que han perdido su coche por la DANA puedan comprarse otro… pero no uno cualquiera. Concretamente, Sumar ha registrado una enmienda en la que pide que en el acceso a las ayudas para las personas que se beneficien de este futuro plan prevalezcan los «criterios ecológicos», es decir, que sirvan sólo para subvencionar los coches eco, que son de media un 30% más caros que los coches de combustible. Un coste que, pese a las ayudas, tendrán que sufragar los vecinos de Paiporta, Catarroja o Alfafar, que son de las regiones con la menor renta per cápita de Valencia.

El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para paliar las consecuencias de la DANA, en la que se recogen medidas como evaluación exhaustiva y urgente de los daños en las infraestructuras industriales, logísticas y de transporte; la creación de un Portal de Gestión de Ayudas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la tramitación de ayudas; o la reducción de las cargas fiscales para los vecinos afectados. A esta PNL, el partido de Yolanda Díaz ha hecho una enmienda en la que pide crear una estrategia con «criterios ambientales» para que los vecinos afectados compren vehículos.

«Impulsar un plan estatal específico para las zonas afectadas que permita la adquisición de coches privados a los y las trabajadoras que hayan perdido los suyos con criterios sociales y ecológicos», reza la citada enmienda, que obligaría a los afectados por la DANA a comprar un coche eco para poder optar a este plan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los coches eléctricos son más caros que sus equivalentes en gasolina, incluso con las ayudas estatales: dependiendo del modelo, el precio aumenta entre 5.000 y 18.000 euros. Así, los vecinos de localidades gravemente afectadas por la DANA como Paiporta, Catarroja o Alfafar -entre otros- tendrían que asumir este coste extra, a pesar de ser zonas con una renta per cápita que no supera los 11.000 euros, según los datos de INE.

Por su parte, el PP también contempla las ayudas a la compra de vehículos, aunque de una manera opuesta a la de Sumar. «Reforzar el Plan MOVES a través de una ampliación de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno. Adicionalmente, aprobar un Plan RENOVE para vehículos de cualquier tecnología, incluidos los motores de combustión, en función del nivel de emisiones de gases y una línea para la renovación de vehículos industriales», apunta su texto, que por tanto, no obligaría directamente a los afectados a comprar vehículos eco, aunque, sí lo incentivaría.

Por el momento, el Gobierno destinará 485 millones de euros en transferencias que no habrá que devolver y que pueden alcanzar los 10.000 euros por vehículo. La cuantía de las ayudas se definirá en función de si se compra un vehículo nuevo o de segunda mano o si este es eléctrico o de combustión. Así, las ayudas de 10.000 euros quedan reservadas exclusivamente para la compra de automóviles eléctricos nuevos. Si el consumidor opta por un coche híbrido o con motor de combustión a estrenar, la subvención se reduce a la mitad: 5.000 euros.

Sumar y el «ecocidio»

A raíz de la DANA que asoló Valencia, Yolanda Díaz ha exigido al Gobierno equiparar las penas de cárcel por delitos de destrucción del medio ambiente a crímenes de guerra. Concretamente, Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que propone incorporar al Código Penal español el «ecocidio» -la destrucción grave y generalizada de los ecosistemas- como delito internacional equiparable al genocidio y los crímenes de guerra.

«Reconocer el ecocidio como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y apoyar el reconocimiento en todos sus pasos, de acuerdo a la definición de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional», reza la proposición del partido de Yolanda Díaz. Estos tres estados presentaron una propuesta ante este alto tribunal con sede en Nueva York en el que definían el ecocidio como las «acciones ilegales o arbitrarias realizadas con conocimiento de que podrían causar un daño significativo, extenso o duradero al medio ambiente». En caso de ser aceptada la modificación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que constituye el marco jurídico y funcional de esta institución, permitiría procesar a personas, incluyendo altos ejecutivos de corporaciones contaminantes o líderes gubernamentales, por su implicación en la destrucción ambiental.