Díaz exige expropiar los pisos de los grandes fondos aunque sólo son el 1,5% del parque de vivienda

Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado al Gobierno, del que forma parte, a expropiar los pisos de los grandes fondos, es decir, de los «propietarios de más de mil propiedades». Sin embargo, la cantidad de pisos que suman todos ellos juntos apenas alcanza el 1,5% del parque de vivienda. Tanto es así que incluso el Banco de España destacó que los «grandes tenedores» tenían un «reducido peso» en el mercado inmobiliario, en el que la mayor parte son particulares. Todo ello mientras el mayor problema, tal y como han señalado algunos estudios, es todavía el déficit en la construcción de vivienda.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicado el lunes de esta semana una pregunta parlamentaria del diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez. En ella, destaca que, en España, «más de un millón de viviendas son propiedad de grandes tenedores». Dentro de ese grupo de propietarios de varias viviendas, el representante de la formación magenta detalla que «el 60% son propiedad de empresas y fondos privados».

Con base en esos datos, ha interrogado al Gobierno, del que forma parte su partido, concretamente el Ministerio de Vivienda que encabeza Isabel Rodríguez, si «tiene previsto» legislar para «prohibir la compraventa de viviendas a empresas y personas jurídicas». Para ello, se ampara en la idea de que se trata de «un bien de uso y no de especulación».

Además, el diputado de Sumar ha advertido que hay «una decena» de propietarios que «tienen más de 8.000 viviendas». En ese sentido, ha instado al Ejecutivo, en el que cuenta con cinco ministros magenta, a «expropiar a los propietarios de más de mil propiedades».

Concretamente, estos últimos suman un total de 360.000 inmuebles. Sobre un parque de 26 millones de viviendas, según la última estimación del Ministerio de Vivienda publicada este 2024, las casas de los grandes tenedores sólo suponen un 1,5% de todas los hogares disponibles.

«Reducido peso» de los fondos

La cifra es muy reducida y tendría un impacto mínimo. Así lo explicó el Banco de España en el Informe Anual del 2023. Según este escrito, «el mercado del alquiler residencial en España se caracteriza por la prevalencia de los arrendadores particulares y de los pequeños propietarios, frente al reducido peso que tienen las personas jurídicas y los grandes tenedores». Por tanto, es la suma de los pequeños propietarios los que realmente influyen en la crisis de la vivienda y no los fondos de inversión.

Sumar proponía prohibir la compraventa de viviendas a las empresas. Sobre esto también se había pronunciado el informe anual del organismo que, ahora, gobierna el ex ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, José Luis Escrivá. «Las viviendas principales en alquiler de mercado que son propiedad de las personas jurídicas de naturaleza privada representarían una cuantía estimada en un 8% del total, frente al 92% de las de los particulares», detallaba el escrito.

Los datos del informe anual de 2023 del Banco de España también prueban que la «profesionalización del mercado», es decir, que haya empresas dedicadas al alquiler, permite reducir el coste de los arrendamientos. A ojos de este organismo, los particulares «no pueden aprovechar» la «diversificación» de las economías de escala y los riesgos de este tipo de inversiones, lo que «se traduciría en mayores costes» que provocarían «mayores precios del alquiler». Sin embargo, los fondos de inversión permitirían «aumentar la participación de los agentes profesionales» y así, «incrementar la oferta». Esto redundaría en «reducir la dinámica alcista de los precios del alquiler».

El Banco de España, entonces todavía encabezado por Pablo Hernández de Cos, no sólo no prohibiría que las grandes empresas adquiriesen viviendas, sino que instaba a introducir «beneficios fiscales» para los fondos de inversión si ofertaban «alquiler social o precios asequibles».

Déficit en la construcción de vivienda

El Gobierno de Pedro Sánchez es el único en democracia que ha tenido un déficit en la construcción de vivienda. Esto es que el ritmo de creación de inmuebles es menor que el crecimiento de la población. Así lo reflejan los datos de Spain Housing Observatory (SHO), que pone el dedo sobre las políticas de vivienda del Ejecutivo socialista y la mala situación actual del mercado.

La organización ha manifestado en la red social X, antes Twitter, que «la magnitud del problema» con el mercado inmobiliario es peor que lo reflejado por organismos como el Banco de España.

Un gráfico que ha publicado SHO muestra que España no sufría un déficit de construcción de vivienda como este desde el año 1954. Se trata del peor dato de construcción de vivienda en siete décadas. No sólo eso, sino que el diferencial entre la construcción de inmuebles y el aumento de población nunca ha sido tan grande, al menos desde que se tienen datos, es decir, desde 1901.