Las denuncias por okupaciones repuntan un 7% en España en 2024 bajo mandato de Sánchez

Las denuncias por okupaciones de vivienda han repuntado un 7,4% en 2024 en España bajo mandato del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Según los datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, se contabilizaron 16.426 hechos de estas características, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al sumar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total.

Estas cifras rompen la tendencia a la baja de 2023, cuando las okupaciones bajaron en España casi un 9% y en Cataluña un 10,63%. En esta comunidad se registraron un total de 6.258 denuncias en aquel ejercicio.

El dato de Cataluña, con una subida del 12% con respecto a 2023, contrasta con las bajadas en otras dos de las cuatro regiones más pobladas. En la Comunidad de Madrid en el año 2024 hubo 1.451 denuncias por usurpación y allanamiento, lo que representa una caída del 4,3%, y en Andalucía fueron 2.207 denuncias, con una bajada del 5,3% con respecto a 2023. Ambas comunidades están gobernadas por el PP. La primera por Isabel Díaz Ayuso, y la segunda por Juanma Moreno.

De esta manera, Cataluña sigue registrando más casos de okupaciones que la suma de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la cuarta región más poblada, la Comunidad Valenciana, que también gobierna el PP de Carlos Mazón.

El fenómeno de la okupación ha sufrido un notable incremento en su evolución anual, atendiendo a los datos de la estadística oficial del Ministerio del Interior: en 2010 y 2011 se anotaron unos 3.000 casos cada año, doblándose la cifra en 2012 y quintuplicándose si se compara 2010 con 2024, recoge Europa Press.

En el caso de Cataluña, en 2014 se anotaban unos 3.000 casos al año, por lo que se han duplicado las denuncias ante las Fuerzas de Seguridad, según la estadística del Ministerio del Interior con los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y también policías autonómicas y locales.

En este contexto, el Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, retuercen el argumentario para maquillar las cifras, pidiendo «no alarmar» sobre la problemática de las okupaciones en España porque, a su juicio, los casos más graves de allanamiento de morada «son pocos en España, en comparación con los de usurpación», la mayoría de ellos sobre viviendas vacías. «No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa», ha llegado a decir el ministro Fernando Grande-Marlaska para responder en sede parlamentaria a las críticas de la oposición.

Y es que las estadísticas oficiales de este departamento no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Estas calificaciones jurídicas las realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.

Moción del PP

Entretanto, esta misma semana, el PP de Alberto Núñez Feijóo consiguió que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara una moción sobre el fracaso del Gobierno en materia de vivienda, especialmente en combatir la okupación y la inquiokupación, Los populares consiguieron sacar adelante el texto gracias al voto favorable de PNV y Junts, socios de investidura de Pedro Sánchez.

Uno de los puntos aprobados instó al Ejecutivo de PSOE-Sumar a «luchar contra la okupación ilegal de viviendas y el nuevo fenómeno de la inquiokupación, haciendo que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24-48 horas».

Asimismo, la iniciativa del PP emplazó al Gobierno a «poner suelo de titularidad pública en el mercado para la construcción de vivienda a precios asequibles y hacerlo con transparencia, a través de un portal como herramienta de información abierta que permita consultar parcelas públicas disponibles».

Otra de las medidas aprobadas en la moción fue insta a Moncloa a «agilizar los mecanismos de la Administración Pública para que los informes sectoriales se emitan en el plazo establecido y acelerar los procesos de transformación del suelo finalista con el fin de construir vivienda, reduciendo los plazos de 10-12 años a la mitad».

Un cuarto punto consistió en el mandato de «dotar de seguridad jurídica al planeamiento urbanístico, limitando la nulidad por defectos formales de los planes generales urbanísticos». Y finalmente, el Congreso conminó al Gobierno a «adoptar medidas específicas para facilitar el acceso a la vivienda, como la ampliación de avales hasta los 40 años y medidas de carácter fiscal que faciliten el ahorro y las posibilidades de emancipación de los jóvenes».

Cabe recordar que el PP consiguió que el Senado aprobara hace un año una proposición de ley anti-okupación, pero esta iniciativa se encuentra paralizada en la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE-Sumar. Los socialistas recurran aquí cada semana a la tetra parlamentaria de pedir sucesivas prórrogas en el plazo de formulación de enmiendas. Todo ello, con la complicidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE).