El Constitucional avala que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus padres

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma legal del aborto aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso de los padres. Esta reforma fue impulsada el año pasado por la entonces ministra de Igualad y dirigente de Podemos, Irene Montero. La reforma también establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.

El Pleno de la corte de garantías de este martes ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional, según afirman fuentes judiciales.

La mayoría izquierdista que lidera Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha rechazado así el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010.

Sin embargo, los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, designados a propuesta del PP, han anunciado voto particular en contra de la decisión de la mayoría.

De esta forma, la votación del Tribunal Constitucional ha terminado rechazando el recurso presentado por Vox con siete votos a favor y cuatro en contra, el mismo resultado que se produjo hace justo un año cuando el tribunal avaló la ley de plazos, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La formación liderada por Santiago Abascal llevaron la ley ante el Constitucional al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.

Fue en febrero de 2023 cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma que supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, un aspecto sobre el que el TC no se pronunció en 2023 al resolver el recurso del PP contra la ley del 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015. La norma salió adelante en la Cámara Baja con los 185 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más Madrid, Compromís y 154 votos en contra del PP, Vox y Navarra Suma.

La reforma también eliminó los tres días de reflexión y blindó el aborto frente a protocolos contra el aborto que había propuesto el vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox en la región, Juan García-Gallardo.

Lo que dice la reforma

La reforma de la ley del aborto que fue aprobada el año pasado se basó en varios ejes:

• Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales
• Los centros sanitarios públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto.
• Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
• Se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
• Las reforma amplía los derechos reproductivos a todas las «personas trans con capacidad de gestar», es decir, a las que han cambiado su sexo al masculino pero que han mantenido su aparato reproductor femenino.
• La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas incapacitantes.
• Se recoge asimismo el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.
• La reforma apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual (tampones, compresas o copas menstruales) en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Se garantiza también el acceso público y universal a la anticoncepción y se insta a los poderes públicos a fomentar la corresponsabilidad, apoyando la investigación y financiación de anticonceptivos masculinos.
• La educación afectivo-sexual formará parte del currículo durante toda la educación obligatoria.
• La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso, y la gestación por sustitución se recogen como violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer.
• Para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad que las agencias de intermediación y se realizarán campañas informativas.