El Congreso no tocará las dietas de los diputados para luchar contra el virus «porque son un derecho»

El Congreso de los Diputados acudirá al remanente de liquidación de presupuestos anteriores —el del ejercicio de 2019 se conocerá el próximo mes de mayo— para realizar un donación a la cuenta que ha abierto el Gobierno en el Tesoro Público a fin de hacer frente al coronavirus. Así consta en el informe, al que tuvo acceso OKDIARIO, redactado por la Secretaría General y planteado por la presidenta socialista Meritxell Batet a los grupos sobre la polémica de las «dietas de desplazamiento» . La propuesta, adelantada por este medio, ha tenido el visto bueno de la Mesa de la Cámara con una dotación de tres millones de euros.

Los remanentes de todos los ejercicios van destinados a lo que se llama coloquialmente como «fondo reservado» del Congreso. A 31 de marzo de 2019, fecha de cierre del ejercicio 2018, su cuantía era de 94,7 millones de euros. Según informaron fuentes de Presidencia de la Cámara la pasada semana, Batet abogó en todo momento por utilizar una «estimación mensual» del ahorro que ha supuesto la reducción al mínimo de la actividad en estas semanas de confinamiento, incluyendo aquí los gastos de transporte no generados por los diputados, y donar esa cantidad estimada a la lucha contra el coronavirus. En este caso, a la cuenta del Tesoro Público habilitada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, estos gastos de transportes (avión, tren, automóvil y barco, más aparcamiento y tarjeta de taxi) se pagan cuando se generan y son distintos de las conocidas como «dietas de desplazamiento» que los diputados suelen usar no sólo para sus estancias en Madrid (manutención y alojamiento), sino también para moverse por sus circunscripciones (comidas y actos). El diputado del PSOE Odón Elorza, electo por Guipúzcoa, pidió a Batet renunciar a estos «gastos de desplazamiento (1.900 euros) en la nómina de abril por no utilizarlos al estar confinado». Lo hizo en el libre ejercicio de su voluntad, algo que también contempla la Secretaría General en su informe.

Este dinero consta en el régimen económico de los diputados como «indemnización para gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función» y es percibido junto al sueldo base o asignación constitucional (3.050,62 euros al mes) y los pluses de representación (complementos). En concreto, dicha indemnización asciende a 1.921,20 euros mensuales para los 313 diputados que proceden de una circunscripción distinta a Madrid, mientras que a los 37 restantes corresponden 917,03 euros. En total, 635.265,71 euros al mes.

«Un derecho»

La propuesta de la Secretaría General del Congreso, a la que se acoge Batet, señala ante las iniciativas de Unidas Podemos, Bildu y Compromís que estas indemnizaciones no pueden tocarse al ser un «derecho de los diputados» y «no una obligación». Y subraya que «lo que sí es una obligación es el deber de la Mesa de la Cámara de dotar presupuestariamente cada año la cuantía total de las percepciones de los Diputados y sus modalidades».

En ese sentido, el informe subraya que «sin perjuicio de la competencia de la Mesa para determinar la cuantía de las percepciones de los Diputados, la dotación de los conceptos presupuestarios ha de mantenerse durante todo el ejercicio, pues sólo al concluir el mismo se tendrá certeza de su suficiencia o insuficiencia para servir a la actividad parlamentaria que se desarrolla a lo largo de aquel».

«Sin parangón»

Además, la propuesta de Batet recalca que «el deber de velar por la garantía del ejercicio de la función parlamentaria es aún mayor en las actuales circunstancias, en las que a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.5 de la Constitución, el funcionamiento de las Cámaras no podrán interrumpirse» bajo el estado de alarma. Y sostiene que tal función parlamentaria «no tiene parangón en el ámbito laboral ni en el funcionarial».

Tras estas consideraciones, la Secretaría General del Congreso consideró que podía utilizarse el remanente de la Cámara Baja del ejercicio de 2019 para realizar la donación que se estimase oportuna a la cuenta del Tesoro Público. El escrito insta a seguir el criterio del real decreto 11/2020 que regula las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras integrantes del sector público estatal, aunque esta norma no sea de aplicación obligada al Congreso de los Diputados.

«Dado que la previsión es que dicha liquidación se someta a la Mesa a lo largo del próximo mes de mayo, ello permitiría, además, estimar la correspondiente cuantía atendiendo a los datos concurrentes en ese momento. Bien sea por referencia a la cantidad que se entienda ahorrada debido a las circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma, bien sea por la fijación de un tanto alzado que se considere adecuado», recogió el informe de Batet.