El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, mantiene paralizados los trabajos de deliberación y elaboración de sentencia sobre la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como Ley Trans, que fue aprobada en su día por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la ministra de Igualdad era Irene Montero y llevada por el PP ante el tribunal de garantías por considerar inconstitucionales varios aspectos de la Ley. Fuentes del Constitucional aseguran que Pumpido no tiene garantizada una mayoría para sacarla adelante, porque el bloque de izquierdas «está roto» en este asunto y por eso ha decidido aparcarla sine die.

Han pasado más de seis meses desde que el Pleno del Tribunal Constitucional iniciase el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP. Cándido Conde-Pumpido, que se fijó entre sus objetivos, en el momento de asumir la presidencia de este órgano, el reto de resolver en tiempo y forma sobre asuntos que llevaban tiempo paralizados ha convertido en excepción la Ley Trans. El tiempo que, según fuentes del TC, suelen emplear entre deliberación y sentencia se desarrolla, por lo general, entre 3 y 4 meses, pero el tiempo ya se le ha ido de las manos, con el debate abierto y sin resolución.

El primer intento de alcanzar un acuerdo, sobre la ponencia que presentó entonces el vocal y ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se produjo el pasado mes de abril. En aquel momento, Conde-Pumpido contaba con los votos en contra de los cuatro vocales conservadores: Enrique Arnaldo, Concha Espejel, César Tolosa y José María Macías. Pero, probablemente, no esperaba que hubiese disidencia dentro de sus propias filas y, especialmente, la de su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán.

Montalbán y la vocal María Luisa Balaguer, considerada una activista y teórica del «feminismo clásico», han marcado sus discrepancias sobre la intención del ponente Campo de validar prácticamente la totalidad del texto legal, salvo algunos matices en modificaciones de sexo en menores de 12 años, por  indicaciones médicas, o con el consentimiento informado del menor entre los 12 y los 16 años. Pero para Balaguer y Montalbán, el texto legal necesita una modificación mucho más profunda.

Inseguridad jurídica

Las dos vocales no aceptan la libre autodeterminación de género, a voluntad del individuo. Balaguer ha teorizado en más de una ocasión sobre la confusión y la inseguridad jurídica que supone asimilar el género, algo que considera una «construcción mental» con el sexo biológico. Tesis del feminismo clásico a las que también se abona la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán.

Viendo que la ponencia de Campo tenía todas las papeletas para ser rechazada tras su presentación, Conde-Pumpido decidió intervenir para proponer que se tomaran más tiempo y se cruzasen e intercambiasen ideas entre todos y prometió volver a convocar al Pleno, para abordar la constitucionalidad o no de la Ley Trans, sin proponer fecha alguna en el horizonte.

Desde entonces hasta ahora, la Ley Trans duerme el sueño de los justos y no ha vuelto a ser mencionada siquiera en los Plenos celebrados con posterioridad. En las previsiones y el calendario que maneja y organiza el presidente Conde-Pumpido no aparece intención alguna de abordarla en este año 2025. De este modo, la Ley Trans, que entró en vigor en marzo de 2023, seguirá sin obtener el visto bueno del Tribunal Constitucional y  mantendrá todos sus polémicos puntos, tal como la ideó la ex ministra Irene Montero.