Choque entre Marruecos y España por las extradiciones y el narcotúnel de Ceuta

Las tensiones entre Madrid y Rabat han alcanzado un nuevo punto de fricción tras una reunión celebrada este martes en la capital española. Fuentes judiciales han confirmado a OKDIARIO que las autoridades marroquíes han expresado su malestar por el número de extradiciones concedidas por España, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha interferido en la investigación del narcotúnel de Ceuta presumiblemente para evitar un conflicto diplomático.

Las autoridades españolas han defendido que «se hacen las extradiciones que se tienen que hacer». Sin embargo, reconocen que no tienen los medios suficientes y falta espacio en las prisiones para atender todas las peticiones marroquíes.

Durante el encuentro del martes, las autoridades del reino alauí han presentado cifras concretas sobre el número de peticiones de extradición solicitadas frente a las efectivamente autorizadas. La disparidad resulta llamativa, especialmente considerando que en ocasiones Marruecos mantiene una política penitenciaria más laxa que permite que delincuentes acaben en la calle.

La polémica sobre las extradiciones ha cobrado especial relevancia tras el caso de Dahud Hanid Ortiz, condenado por triple asesinato en Usera. Este ex militar, que asesinó a dos empleados y a un cliente que confundió con un abogado que tenía una relación con su mujer en Madrid en 2016. Ha conseguido la libertad en un intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela en el que ha intervenido José Luis Rodríguez Zapatero.

Ortiz fue condenado en enero de 2024 a 30 años de prisión en Venezuela, pero tras un año y medio de pena se le ha liberado. Existen sospechas de que falsificara pruebas para presentarse como un prisionero político o un espía estadounidense.

Narcotúnel de Ceuta

El segundo foco de tensión se centra en la investigación del narcotúnel de Ceuta, donde la intervención del juez de enlace español en Marruecos, Pedro Félix Álvarez de Benito, ha dificultado las pesquisas. La Gendarmería marroquí estaba por la labor de aclarar el caso pero no fue posible.

Los agentes del país vecino quemaron rastrojos para identificar hasta dónde llegaba el narcotúnel de Ceuta. Los investigadores estaban ya muy cerca del final porque el túnel se llenó de humo procedente de la maleza quemada en terreno marroquí.

Sin embargo, los temores del juez de enlace de España en Rabat que quería informar y tener el ok del Ministerio de Asuntos Exteriores frenó todo cuando estaban todos los aparejos listos. El magistrado manifestó su preocupación de que igual al llegar al otro lado se provocaba un muerto, una inquietud que las fuentes consideran totalmente infundada. El magistrado nombrado por el Gobierno español no quería una crisis diplomática como la entrada masiva en El Tarajal, donde murieron 15 personas en 2014.

La paralización de la investigación ha generado también frustración entre los agentes marroquíes, que estaban ya dentro del túnel. Según las fuentes consultadas, la decepción fue total, ya que consideran que el juez de enlace no puede estar por los intereses del Ministerio de Asuntos Exteriores en lugar de la Justicia española.

Extradiciones

La Audiencia Nacional ha rechazado recientemente la extradición de varios ciudadanos marroquíes, argumentando que los delitos imputados no están tipificados en el Código Penal español o que las peticiones carecen de «elementos activos suficientes para que sostenga la aplicación del principio de doble incriminación».

Un caso paradigmático es el de Issam Azmani, detenido en Elche por presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al traslado de personas en cayucos. La Audiencia Nacional denegó su extradición al considerar que «los hechos, sin perjuicio de que en Marruecos pueden ser constitutivos de delito, no lo son conforme a nuestro ordenamiento jurídico».

Los magistrados han señalado que con datos imprecisos el favorecimiento de la salida de ciudadanos sin control de aduanas, no es en España delito alguno, más allá de una irregularidad administrativa.

Marruecos firmó con España un convenio en 2009 sobre asistencia judicial en materia penal que especifica los criterios bilaterales en materia de extradición. Ambos países se comprometen a entregarse recíprocamente a personas buscadas por delitos castigados con penas privativas de libertad de dos años mínimo.

Sin embargo, la realidad judicial muestra resistencias sistemáticas. Los jueces discrepan sobre las peticiones realizadas por el Fiscal del Rey marroquí, considerando que «falta ponderación judicial» de la necesidad y proporcionalidad de las penas, lo que supone una merma de las garantías procesales.

El contexto se complica por la posición de Marruecos en el ranking mundial de respeto al Estado de Derecho, ocupando el puesto 92 de 139 países según la ONG World Justice Project. Su sistema judicial presenta «falta de independencia» estructural, ya que «los fiscales los nombra el Gobierno».

La situación actual refleja el delicado equilibrio que España debe mantener entre sus compromisos internacionales y las garantías constitucionales de sus procedimientos judiciales, en un momento donde las relaciones bilaterales atraviesan una fase especialmente sensible por múltiples frentes abiertos como el Sáhara Occidental o los móviles hackeados de Pedro Sánchez y varios ministros.