Crisis inmigración

ONG que aplaudieron a Sánchez por el Aquarius lo acusan ahora de vulnerar los derechos humanos

Ceuta
Los subsaharianos celebran su entrada en Ceuta tras el el asalto a la valla

Tras el último asalto a la valla de Ceuta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional y Andalucía Acoge han coincidido en calificar de "enfoque desacertado" la expulsión de inmigrantes a Marruecos realizada este jueves 23 de agosto por parte del Ejecutivo español y han alertado de que esta acción puede vulnerar los Derechos Humanos.

A juicio de la directora general de CEAR, Estrella Galán, "este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos", ha lamentado.

La expulsión se ha realizado en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países en el año 1992 para la readmisión de extranjeros que entran de manera irregular a territorio español a través de sus fronteras. Sin embargo, CEAR considera que este cambio de políticas pone en marcha "procedimientos acelerados en poco más de 24 horas" que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional.

Asimismo, recuerda que a día de hoy "no es posible llegar a España mediante vías legales y seguras", como visados humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, consulados o acceso a la oficina de asilo en Ceuta.

La organización también denuncia "el creciente hostigamiento" que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con "redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos".

Amnistía Internacional: "Devoluciones ilegales"

Por su parte, Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por estas prácticas porque, a su juicio, "podrían suponer una vulneración de los Derechos Humanos".

"Debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, y por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como a una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI", ha asegurado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Además, en virtud del Acuerdo por el que se estarían llevando a cabo las últimas expulsiones, AI defiende que estas personas deberían ser enviadas a su país de origen o donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí, y considera que las expulsiones se han producido de "manera ilegal".

"Hemos instado en numerosas ocasiones al Gobierno español a detener inmediatamente la práctica de expulsar de manera exprés a Marruecos a personas de terceros países y suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo", declara Beltrán.

"Esa suspensión también debe incluir el acuerdo de readmisión existente entre ambos países, hasta que el mismo incluya salvaguardas de derechos humanos", añade en un comunicado.

"Dudas" y "sorpresa" en Andalucía Acoge

Por su parte, la asociación Andalucía Acoge ha manifestado a Europa Press su sorpresa por esta decisión por parte del Gobierno español. "Es una sorpresa porque es la primera vez que se aplica ese acuerdo firmado en el año 1992 y lo que tenemos son dudas importantes en cuanto a la calidad de la asistencia letrada que tenían que recibir esas personas", ha comentado el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales.

Asimismo, asegura "no saber demasiado" sobre la calidad de la asistencia letrada porque el Gobierno español "no ha informado a las entidades que trabajan en la ciudad de Ceuta".

"Hasta donde sabemos no hay ninguna persona que haya pedido asilo, lo cual en un grupo de 116 personas de origen subsahariano es un poco extraño. Parece que sí ha habido un par de menores de edad que evidentemente se han quedado en España porque no pueden ser devueltos en ningún caso", asevera Morales.

En este sentido, afirma tener "dudas" de si ha habido una asistencia de intérpretes y traductores suficiente para garantizar que estuviesen entendiendo lo que estaba pasando o que pudiesen comunicarse correctamente con su abogado.

"En 24 horas en Ceuta, conociendo la realidad del territorio, nos parece muy difícil que se haya podido garantizar la calidad en la comunicación entre abogado y persona asistida. Por otro lado, el acuerdo del 1992 plantea algunas cosas que hoy por hoy no se han cumplido como una comisión mixta entre el Gobierno español y el Gobierno marroquí o que Marruecos se pueda comprometer a devolver a estas personas a su país de origen", apostilla Morales.

Asimismo, recalca que aunque este proceso "es más garantista" no es una "devolución en caliente". "Poner la vida de una persona en manos de Marruecos es un tema muy serio como para no tener la seguridad de que se haya hecho cumpliendo con la normativa y siendo escrupulosamente respetuoso con los derechos de la gente", insiste, "existe un fundamento legal pero no sabemos si se ha cumplido con todos los requisitos. Como es la primera vez que ocurre tendremos que estudiarlo y nuestros servicios jurídicos están sobre el tema".

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