Las coacciones a jueces catalanes se disparan pese a que los Mossos se comprometieron a protegerles

Pablo Llarena
Pintadas realizadas por la CUP ante la casa del juez Pablo Llarena en Gerona.
Carlos Cuesta

Las amenazas y coacciones a jueces se disparan en Cataluña. Fuentes policiales han confirmado a OKDIARIO que el número de casos de jueces con amenazas directas o en sus domicilios han crecido justo en la cercanía del juicio del 1-O. Y es que los separatistas ven claro que el poder judicial actúa de forma independiente frente a su golpismo y no están dispuestos a aceptarlo.

Pero quizás lo más llamativo es que, en teoría, los Mossos siguen teniendo un plan operativo activo basado en la protección de los jueces para impedir precisamente que la actitud violenta de los separatistas pueda interferir en la acción de la Justicia. El plan fue denominado ‘Toga’. Y procede de la época durante la que se aplicó el artículo 155 de la Constitución. Los Mossos lo asumieron y, supuestamente, debería estar vivo en estos momentos.

Aunque la evidencia dice que la pasividad de los Mossos ha debido sumergirlo en el olvido. Y eso ha sido ya experimentado y comprobado por los CDR y el resto de grupos violentos del separatismo.

Uno de los casos más sonados de este tipo de coacciones fue precisamente el que tuvo que soportar el juez instructor Llarena y su familia, que fueron marcados y amenazados en reiteradas ocasiones, simple y llanamente, por hacer Justicia y no ceder a las presiones.

El juez Llarena con su familia.

Pero no se trata ni mucho menos de un caso aislado. De hecho, recientemente se han registrado prácticas mafiosas de marcado de niños hijos de jueces en los colegios de la Cataluña de Quim Torra. Esta práctica se centró primero en los padres comunes que no aceptaban la dictadura del adoctrinamiento separatista; más tarde la maquinaria totalitaria de PDeCAT y ERC se atrevió a cargar contra los hijos de los guardias civiles destinados a Cataluña -agentes que han tenido que ir allí para mantener el orden público ante el desacato de los Mossos-; y por último las prácticas mafiosas y de coacción de marcado de niños en los colegios han llegado hasta los hijos de los jueces ubicados en esta comunidad autónoma.

El Consejo General del Poder Judicial ha empezado a recibir ya las quejas de jueces y magistrados destinados a esta comunidad autónoma, por el trato que están recibiendo sus hijos en unas escuelas donde se les señala públicamente por tener padres que no comparten la causa separatista.
El marcado, además, se está convirtiendo en un ataque directo a gente que, como en el caso de los policías o guardias civiles destacados en este territorio, ni tan siquiera están mostrando su punto de vista ideológico en su labor diaria: simplemente aplican unas leyes que les exigen precisamente no mostrar su ideología en su desarrollo profesional. Por todo ello, el ataque sitúa a estos profesionales en la tesitura de tener que optar por incumplir las leyes y delinquir para evitar el daño a sus hijos.

Fuentes policiales han señalado a este diario que el plan policial ‘Toga’ debía estar evitando todas estas amenazas y coacciones. Y dejando claro que la protección a los jueces estaba fuera de dudas y de posicionamientos políticos. Ahora vemos que una vez más, la pasividad de los Mossos deja vendidos a colectivos”. Y en este caso, el colectivo dejado a su suerte es nada menos que el que tiene que juzgar a todos aquellos CDR y demás grupos radicales que son denunciados por sus ataques.

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