Cataluña aprovecha una ley para proteger el pulpo común para robar aguas a la Comunidad Valenciana

Una orden sobre el pulpo común aprobada por la Generalitat de Cataluña el 25 de julio de 2023, en plena resaca de las elecciones generales, ha servido de coartada a Cataluña para invadir aguas que corresponden a la Comunidad Valenciana. En concreto, las que están entre las tierras del Ebro y la provincia de Castellón. Un conflicto que se mantiene abierto ante la inacción del Gobierno de España que, hasta la fecha, ni siquiera ha respondido a la petición del Gobierno valenciano de PP y Vox de mediar en la resolución del conflicto.

La invasión de aguas en las que tradicionalmente ha faenado la flota valenciana supone, en sí misma, un agravio de Cataluña, a la Comunidad Valenciana. Pero su significado es más profundo, porque esa invasión se produce en un escenario en que el independentismo no reconoce la lengua valenciana, de la que dice que es como se ha denominado históricamente al catalán en este territorio.

Y tampoco reconoce su nombre. Porque para que los independentistas catalanes mantengan viva la ensoñación de los países catalanes, este territorio no puede llamarse Comunidad Valenciana, sino país valenciano, uno de los imaginarios países catalanes. Por tanto, el independentismo catalán no reconoce ni la lengua valenciana, ni el nombre de su territorio, ni los límites de las aguas en que pueden faenar sus pesqueros. Nada. 

El origen de la invasión marítima

En el caso de la invasión marítima, en síntesis, la orden catalana amplía en 10 grados sus también imaginarias fronteras marítimas en aguas interiores. Es decir, las que están a menos de 10 millas marítimas de la costa. Esa ampliación de Cataluña es la que invade aguas consideradas hasta ahora de la Comunidad Valenciana.

Técnicamente, el Plan de Gestión del Pulpo Común de Cataluña incluye el establecimiento de cuatro caladeros autorizados. El cuarto es el de La Ràpita y Les Cases d’Alcanar, al que en la norma se le delimita al sur por lo que se denomina la demora 133,30, trazada desde la desembocadura del río Senia. Con ello, Cataluña ha ampliado unilateralmente sus fronteras pesqueras de aguas interiores en 10 grados: de 123 a 133, en perjuicio de la Comunidad Valenciana.

A continuación, y siguiendo esa norma impuesta por la Generalitat de Cataluña, la Administración catalana ha comenzado a abrir expedientes a los barcos no catalanes, como los de Castellón. Estos últimos la sobrepasan, convencidos de que el límite en vigor es el de los 123 grados.

Todo ello, genera un perjuicio económico tanto en el sector pesquero valenciano en su conjunto, como en el particular de cada uno de los pescadores. Más grave, en aquellos que ya tienen que afrontar multas de 600 euros impuestas por la Administración catalana. Sanciones que van a recurrir.

Trasfondo económico

El trasfondo de la invasión catalana tiene un componente económico, a tenor del contenido de la propia orden, donde se explica que el pulpo común «capturado por la flota de artes menores de las Terres de l’Ebre representa el sesenta por ciento en volumen de capturas desembarcadas de esta especie para el conjunto de artes menores en Cataluña y el cuarenta por ciento del total de capturas desembarcadas por toda la flota catalana, incluyendo la flota de arrastre».

Y se agrega que la actividad tiene «una gran relevancia social y económica y, siempre que se pueda garantizar la continuidad del recurso, representa una de las modalidades marisqueras con mayor perspectiva de futuro en Cataluña».

Inacción del Gobierno de España

El problema para la Generalitat Valenciana es que en toda esta batalla se encuentra sola, porque el Gobierno de España ha dado la callada por respuesta a todos los requerimientos que se le han realizado a través de la Consejería de Pesca valenciana, que dirige José Luis Aguirre. Tanto el propio Aguirre como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se han reunido con los pescadores, que son los más afectados por la imposición desde Cataluña.

Carlos Mazón ha anunciado un recurso contra la orden de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de aquella autonomía. Ese recurso abre la vía de los tribunales. Y PP y Vox han presentado este mismo miércoles una Proposición No de Ley (PNL) urgente ante las Cortes Valencianas en la que ofrecen su apoyo a los pescadores y denuncian esa invasión marítima catalana.

Por su parte, José Luis Aguirre, frente la inacción del ministro Luis Planas, aprovechó la última reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera de este lunes para poner sobre la mesa esa invasión catalana de aguas valencianas. No era punto del orden del día, pero Aguirre lo introdujo en su turno de palabra. No obstante, el ministro Planas tampoco le dio respuesta alguna: «Se trata de una petición que el ministro parece ignorar», según ha explicado José Luis Aguirre.

Reactivar el ‘procés’ a la valenciana

Desde la Comunidad Valenciana la situación se mira como un nuevo desafío en ese intento de los independentistas catalanes por reactivar el procés acelerado a la catalana que bajo los gobiernos de Ximo Puig se ha vivido en la Comunidad Valenciana.

Un procés contra reloj, ahora, porque el Gobierno valenciano ya trabaja en una ley de señas de identidad que marque perfil y diferencia entre la Comunidad Valenciana y otras autonomías. Esencialmente, la catalana.

Y se tiene el convencimiento de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a mover un dedo. Porque los independentistas catalanes son socios de Sánchez en el denominado bloque de la investidura.