Cataluña abre otro conflicto al ampliar fronteras marítimas a costa de aguas de la Comunidad Valenciana

Nuevo conflicto entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. Esta vez, el detonante no ha sido la lengua, sino la pesca. En concreto, una orden del Gobierno catalán de Pere Aragonés, publicada el 25 de julio de 2023, que amplía en 10 grados las fronteras marítimas catalanas de las aguas interiores (las que están a menos de 10 millas de la costa), en detrimento de las de Castellón, en Comunidad Valenciana.

Esta decisión unilateral de Cataluña supone no sólo lo que ya se ha calificado como una invasión territorial, sino también un serio castigo para los pescadores de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, que ya se ha plasmado en dos multas de 600 euros cada una. Además, a esos mismos pescadores, se les reducen los caladeros de pesca del pulpo común «que da mucho dinero», según ha explicado el presidente de los pescadores Mateo Fresquet, patrón mayor de la Cofradía de Vinaroz y presidente de Fedcopesca.

Además, Mateo Fresquet ha sido quien ha definido con mayor claridad lo que supone la decisión unilateral de Cataluña: «Es como irte a casa del vecino y ponerte a cenar en el comedor». Los pescadores de Castellón ya se han puesto en manos de abogados. Impugnarán la citada orden si antes no se alcanza una solución dialogada.

El Plan de Cataluña

En concreto, ese Plan de Gestión del Pulpo Común incluye en su punto 3 el establecimiento de cuatro caladeros autorizados. El cuarto de ellos es el caladero autorizado de La Ràpita y Les Cases d’Alcanar, al que en la norma se le delimita al sur por lo que se denomina la demora 133,30, trazada desde la desembocadura del río Senia.

Con ello, Cataluña ha ampliado unilateralmente sus fronteras pesqueras de aguas interiores en 10 grados: de 123 a 133, en perjuicio de la Comunidad Valenciana. Y, en función de esa ampliación unilateral, ha comenzado a abrir expedientes a los barcos no catalanes, como los de Castellón que lo sobrepasan, convencidos de que el límite en vigor es el anterior, el de los 123 grados.

De hecho, según denuncian los pescadores de Castellón, las multas que les imponen desde Cataluña se les aplican por sobrepasar esa demora 133, pero en realidad, a la hora de plasmarlo en el papel, lo que se encuentran es que han superado «aunque sea en 40 metros» la línea 123.

La Consejería de Pesca «reprueba» los nuevos límites

La Consejería de Pesca del Gobierno valenciano, que dirige José Luis Aguirre, ha llegado a «reprobar», a través de un escrito dirigido desde la Dirección General de Pesca al Ministerio de Luis Planas, esa demora de 133 grados, que hasta ahora se encontraba en los 123 para las aguas interiores, y que señala como la causa de las sanciones por parte de la Generalitat de Cataluña a los pescadores de Vinaroz y Benicarló.

Además, esa misma Consejería ha iniciado negociaciones para acabar con la demora 133º. Y busca una solución satisfactoria para los pescadores de Castellón, con el objetivo de que éstos puedan aprovechar al máximo los días subvencionables que tienen por la parada, que se sitúa en los 52 días.

La reunión que el Ministerio no convoca

Según la citada Consejería, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trasladó a través de su secretaría general que esta cuestión se abordaría en una reunión a tres bandas, con la participación del citado Ministerio, la Generalitat Valenciana y la de Cataluña.

Pero, pasan los días y esa reunión no se convoca ni se produce. Mientras, los pescadores viven en un estado de zozobra. Porque no saben si finalmente tendrán que hacer frente a esos expedientes y a las multas que les acarrearán.

«Cataluña está inventando un nuevo país marítimo»

Si la parte técnica ya resulta en sí tremenda, la política no se queda corta. Porque lo que en la Comunidad Valenciana entienden es que Cataluña: «Está inventando un nuevo país marítimo en el que imponen fronteras de manera unilateral, sin contar con nadie», según ha manifestado el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Además, Mazón ha calificado los hechos como una «invasión de competencias». Y ha advertido que no lo piensa «tolerar».