Caos en Getafe por la Zona de Bajas Emisiones: el gobierno local del PSOE multa a vehículos autorizados

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) instalada en Getafe está siendo un auténtico caos y una ruina para los vecinos de este municipio. Se está dando el caso de coches autorizados para circular por esta zona que están siendo multados desde febrero por negligencias del Ayuntamiento socialista de la alcaldesa Sara Hernández, por información mal dada.

Lo cierto es que las quejas y dudas al respecto se cuentan por cientos y en lo que coinciden vecinos y comerciantes es en que la confusión reina en Getafe.

Una persona ha sido multada porque, en las primeras señales instaladas en las vías sobre la ZBE, el Ayuntamiento anunció que los vehículos con etiqueta B podrían circular por la zona. Sin embargo, no añadieron que estos vehículos tenían que estar empadronados en Getafe, lo cual provocó un aluvión de multas que ahora están denunciando los vecinos. Es decir, las señales no daban la información correcta y el Ayuntamiento tuvo que rectificarlas después, como se ve en la foto a continuación.

Otro caso llamativo es el de varios trabajadores que tienen comercios en la Zona de Bajas Emisiones o que deben entrar en la ZBE por motivos profesionales. Muchos de ellos han sacado su autorización a través de la web del Ayuntamiento para poder acceder a su lugar de trabajo y, a pesar de haberla recibido, han sido sancionados igualmente por fallos administrativos.

Por otro lado, un ciudadano con discapacidad solicitó en enero el empadronamiento de su vehículo en Getafe, además de una excepción por su condición. Ésta le fue concedida, pero fue multado en febrero pese a que, al meter su matrícula en la web del Ayuntamiento, sí aparece como vehículo autorizado.

El PP ya denunció en febrero el caos que la ZBE traería consigo tal y como estaba planteada y debido también a la escasez de personal municipal dedicado a gestionar la misma.

Antonio José Mesa, portavoz de los populares en Getafe, apunta que en la memoria de implementación de la ZBE del Gobierno municipal preveía que «al menos necesitarían ocho personas para tramitar autorizaciones, infracciones o recursos, pero la realidad es que no ha habido nuevas contrataciones y en la delegación de movilidad tan sólo hay dos personas que además de sus funciones han tenido que cargar con este trabajo».

En un informe del Ayuntamiento se admitía incluso la falta de información a los ciudadanos, ya que era necesario un periodo de tiempo mayor de divulgación informativa sobre el acceso, circulación y estacionamiento en la ZBE, de resolución de dudas, incidencias y plazo para la solicitud de trámites de autorización correspondientes en cada caso.

Prueba de ello es que el Consistorio tuvo que dar una moratoria de casi un mes, del 27 de enero al 23 de febrero, tras detectar un alto número de vecinos y comerciantes que aún no habían podido completar sus trámites. Pero la confusión, el desorden y las multas han sido inevitables.

El PP de Getafe ha recurrido ante la Justicia esta abusiva ZBE de la alcaldesa y ha sido admitido a trámite. También están impulsando una recogida de firmas contra la ZBE por todos los barrios de Getafe con muy buena respuesta de los vecinos que se oponen a este «sinsentido».

ZBE

El año pasado, la alcaldesa, Sara Hernández, puso en marcha esta ZBE, extendiéndola a dos barrios (Centro y San Isidro) y afectando a casi 40.000 vecinos. Son dos de los barrios más populares de Getafe, de gente trabajadora y con una gran población de mayores. El Ayuntamiento instaló a principios de 2024 las cámaras y en agosto comenzó a tramitar el proyecto de la ordenanza municipal que regulará la ZBE, con un claro afán recaudatorio, denuncia el PP.

Para implantar la ZBE, la regidora se basó en dos informes que encargó a empresas privadas y que costaron casi 40.000 euros que salieron del bolsillo de los getafeños. Esos informes no incluían ningún estudio del impacto económico y perjuicios que la medida tendría sobre el comercio y la hostelería, ni siquiera contemplaba un plan especial de movilidad para Getafe.

Sin embargo, lo que sí hicieron fue una valoración económica de cuánto piensan recaudar con las multas en esta zona de bajas emisiones. La recaudación crecerá de manera exponencial de año a año, llegando a alcanzar más de 1.300.000 euros y las multas por infracción son de 200 euros, incrementándose un 30% esta cuantía en caso de reincidencia en un año.

Además, el informe no reconocía un problema de tráfico en estos dos barrios donde está implantada la ZBE. Sólo se explica que los grandes problemas de tráfico se dan en las entradas y salidas de los polígonos industriales, justo donde no se ha aplicado la zona de bajas emisiones. Lo cual desmonta el argumento de la alcaldesa socialista de Getafe sobre su intención de mejorar la calidad del aire de esta zona y deja al descubierto su afán recaudatorio.

Bicicletas

La alcaldesa puso en marcha esta ZBE para, según ella, rebajar los índices de contaminación en Getafe. Lo cual no casa con su reciente decisión de desmantelar por completo el servicio público municipal de bicicletas que puso en marcha en octubre de 2012 el Partido Popular durante su etapa de gobierno, bajo el nombre de Gbici.

Este servicio, que contaba con 162 bicicletas, fue una concesión administrativa por cuatro años a la empresa Avanza Movilidad Integral SL. El contrato finalizó en octubre de 2016, pero fue renovado hasta octubre de 2024.

Sin embargo, ante esta nueva finalización del contrato hace 4 meses, el Gobierno municipal de Getafe no ha sacado a concurso dicho servicio público para garantizar su prestación, desmantelándolo por completo. En la Junta local de Gobierno del pasado 12 de febrero, Sara Hernández aprobó la retirada de las bicicletas de este servicio como efectos no utilizables, dándolas de baja en el inventario general de bienes y entregándolas a una empresa municipal para su gestión.

El Gobierno socialista justifica este desmantelamiento con el argumento de que lo que la ciudadanía demanda son bicicletas eléctricas, y que, supuestamente, iban a trabajar en un nuevo contrato. Algo que todavía no ha llegado siete meses después.