Canarias contrató por 10 millones al proveedor del ‘caso Koldo’ sin estar dado de alta como licitador

Hasta que llegó la pandemia, en la Administración nadie conocía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la firma que consiguió contratos por 53 millones de euros para suministrar mascarillas y que ahora la UCO investiga por su conexión con el caso Koldo. La empresa no figuraba en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Rocele), donde están dadas de alta todas las sociedades que contratan con el Estado y que acredita su solvencia. Sin embargo, como advirtió en un informe la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), el Gobierno del ahora ministro Ángel Víctor Torres le encargó contratos por cerca de 10 millones de euros a la empresa relacionada con el caso Koldo García, asesor de José Luis Ábalos.

Ni se dedicaba a traer material sanitario, siendo su objeto social otro, ni estaba dado de alta en el Rocele. Dos requisitos que deberían haber hecho saltar las alarmas en el proceso de contratación de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. pero que, sin embargo, no lo hicieron. Se dio luz verde a la compra de 9,7 millones de euros a una firma que venía avalada por una serie de contratos previos con el Ministerio de Transportes y varias de sus empresas públicas adscritas, como ADIF o Puertos del Estado. Todas ellas ahora bajo la lupa por su conexión con la trama de por la que ya ha sido detenido el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y otras 19 personas. Entre ellos, también, al menos 6 asesores del actual ministerio, dirigido por Óscar Puente.

Aquellos contratos con Transportes, así como uno posterior con Interior, facilitaron el desembarco de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. en Canarias. Pero en un informe posterior del organismo autónomo de cuentas de Canarias, las dudas sobre su solvencia y los criterios de su elección afloraron. En privado, porque el Gobierno socialista canario decidió no hacer público ese informe.

En él figura el proveedor señalado en el caso Koldo con dos alertas: la primera, que no había correspondencia entre el objeto social de la sociedad y el objeto del contrato. Las mascarillas. Pero tampoco figuraba esa inscripción en el registro oficial de licitadores. Durante la pandemia, con los contratos a dedo por emergencia, se relajaron los criterios de contratación para permitir la llegada del material necesario indispensable por aquellas fechas.

Sin embargo, aquella relajación administrativa no fue total: se permitían compras a empresas dedicadas a material sanitario pero sin contratos con el estado -y probada solvencia- acceder a estas ventas. O a empresas que se dedicaban a otras materias, pero sí estaban dadas de alta en ese registro. En el caso del proveedor del caso Koldo no se cumplieron ninguna de ellas, algo en lo que pone el foco el auditor público canario.

«Riesgo» de estafa

En su informe, de 2021, queda registrado el reproche realizado por el auditor al Gobierno socialista canario por esta falta de filtros: «La ausencia de comprobación que no es incompatible con las excepcionales condiciones que presiden la tramitación de emergencia e incrementa el riesgo de que los productos adquiridos no cumplan los requisitos mínimos de calidad exigidos y puedan cumplir la finalidad que se pretende alcanzar. Tales circunstancias motivaron que el material sanitario recepcionado, a tenor de los informes realizados por los servicios de prevención, no se considerasen aptos para cumplir con el objetivo de solventar los problemas provocados por la pandemia».

Pese a todo, la empresa relacionada con Koldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., se convirtió en el tercer proveedor de Canarias en volumen de ventas, alcanzado los 9,7 millones de euros.

Contratos exprés

La documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO destaca que el primer contrato firmado entre el Gobierno de Canarias y la empresa vinculada a Koldo García se formalizó el 22 de abril del 2020. Apenas cuarenta días después de la declaración de la emergencia sanitaria por el Consejo de Ministros. Un trámite que daba mayor flexibilidad a las administraciones a la hora de realizar contrataciones por el procedimiento de urgencia. El siguiente contrató se firmó apenas dos semanas más tarde, el 4 de mayo del mismo año. Lo que demuestra que la trama de Koldo empezó a operar desde buen inicio de la pandemia.

En el caso de la primera orden, el importe de la contratación ascendió a 4.775.000 millones de euros. Esa comanda debía servir para, sin especificar la cifra, «la adquisición de mascarillas protectoras FPP2 destinadas a los hospitales del Servicio Canario de la Salud por emergencia sanitaria Covid». En el segundo, por valor de cinco millones, se adjudicó «el suministro de dos millones de mascarillas protectoras KN95 para la lucha frente a la covid para el Servicio Canario de la Salud». En ambos casos son importes sin IGIC, el equivalente al IVA en Canarias.

La oposición en el Parlamento autonómico, ejercida entonces por Coalición Canaria y el PP, ahora ambos en el Gobierno, solicitaron una comisión de investigación parlamentaria que el Ejecutivo del PSOE y Podemos rechazaron. Ambos partidos reclamaban «analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno autonómico y el denominado Comité de Emergencia Sanitaria de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19», y derivadas de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por parte del director del Servicio Canario de Salud y de la directora General de Recursos Económicos, conocido como caso mascarillas.