Bildu exige que la Guardia Civil deje de investigar 40.000 documentos de ETA por los que ya van 10 condenas

Ya no es ningún secreto que EH Bildu, en connivencia con los colectivos de presos de ETA, buscan reeditar -a su manera- una amnistía para los terroristas de la banda que aún cumplen condena. Además de buscar la salida de prisión anticipada de los etarras, también se trabaja en otro frente: el de evitar nuevas condenas que sumen años de cárcel a los que están dentro o a los que ya han conseguido salir. Para ello, EH Bildu está buscando fórmulas que le permitan plantear al Gobierno una nueva exigencia: que se deje de investigar el fondo de 40.000 documentos incautados a ETA por Francia y entregados a España en 2018. Los llamados sellos de ETA, con el anagrama de la banda, cuyo meticuloso análisis por parte de Guardia Civil, Policía Nacional y Audiencia Nacional ya han provocado 10 nuevas condenas a etarras y puede servir para resolver algunos de los 379 asesinatos sin resolver.

Los sellos de ETA son una amenaza para los intereses de los presos de ETA, y por tanto, para Bildu. De hecho, hay miembros de Bildu con vinculación familiar con terroristas que ya han visto aumentadas sus penas de cárcel por lo que se ha podido probar judicialmente con esos documentos. Y lo que es una amenaza para Bildu se convierte, de inmediato, en un riesgo para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese juego de intereses, la formación abertzale de Arnaldo Otegi ya trabaja en cómo desactivar, o al menos entorpecer, el arduo trabajo de investigar esas 40.000 páginas. Eso y las 300 armas incautadas a ETA que también se entregaron con las cajas de documentación.

Fuentes de la lucha antiterrorista explican a OKDIARIO que la dificultad en el análisis de toda esa documentación no tiene tanto que ver con el ingente número de papeles, sino con las peculiaridades del material. Por ejemplo, con el uso de claves en el lenguaje etarra para camuflar esas comunicaciones. Una táctica habitual y que requiere conocimientos muy específicos -y experiencia- entre los miembros de los equipos de investigación. «Es una especialización cada vez más difícil de encontrar, porque quienes más saben interpretar a ETA es porque lo vivieron durante años, y esa gente se va jubilando, cambiando de destino, ascendiendo… Es una carrera contra el reloj», explican estas fuentes.

Las kantadas etarras

Entre los documentos, que reflejan la actividad de ETA de 1999 en adelante, hay algunos con especial valor entre los investigadores y que son prioritarios. Son las llamadas kantadas, las cartas que conseguían enviar los etarras de forma clandestina una vez que habían sido detenidos y encarcelados. En esos documentos, escritos en euskera y muchas veces con nombres en clave, el terrorista detenido le cuenta a la cúpula de la banda lo que ha revelado en los interrogatorios policiales. Ubicaciones de zulos y pisos francos, composición de comandos, planes a futuro para atentados… y con esa información, la ZUBA (el comité de dirección de ETA) tomaba decisiones para evitar otras detenciones o ataques frustrados.

Los sellos de ETA fueron cedidos por Francia a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, pero la entrega se realizó con todas las garantías jurídicas para que pudiesen tener validez legal ante los tribunales. Y ya se ha demostrado que la tienen: su contenido ha provocado al menos 10 condenas a miembros de ETA. Los investigadores tienen en marcha más informes que pueden complicar, y mucho, el futuro penitenciario de los terroristas.

Condenas por los ‘sellos’

Por ejemplo, una kantada del etarra Iñigo Guridi Lasa intervenida en Francia logró la condena de Asier Arzalluz Goñi, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain y el propio Guridi por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado (2000). A cada uno de ellos se les sumaron, tras la nueva condena en 2021, 33 años de prisión como autores materiales. A Javier García Gatzelu Txapote también se le condenó como inductor del crimen.

En ese mismo 2021 fue condenada de nuevo Soledad Iparraguirre Guenechea Anboto. Quince años más de cárcel por un delito contra la Corona con finalidad terrorista y depósito de armas. Un documento incautado en un registro la vinculaba con la orden de atentar contra el Rey durante una visita al museo Guggenheim de Bilbao.

Poco después, informes elaborados en base a los sellos de Francia permitieron sumar otros 51 años de condena a Iñigo Guridi por un intento de asesinato contra guardias civiles en Navarra.

En el caso de José Carlos Apeztegia Jaka, el terrorista condenado por ser miembro del aparato de extorsión de ETA envió una carta en 2003 a la cúpula de la banda pidiendo atentar contra funcionarios de prisiones. Esa carta pasó en 2018 de manos francesas a españolas y sólo un año después, en 2019, supuso una nueva condena por 4 años de cárcel.

A Iratxe Sorzabal, pareja sentimental -al menos hasta hace un tiempo- del ex jefe de ETA y hoy dirigente en Sortu David Pla, le sumaron 24 años de prisión. Una kantada de Sorzabal desvelaba cómo participó en un atentado contra el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia de la ciudad asturiana.

El mayor de los disgustos que han provocado estos sellos de Francia se lo llevó el etarra Juan Luis Rubenach Roig en forma de más de mil años de cárcel. Otra de esas kantadas, claves en ese fondo documental por la cantidad de detalles que revelan, evidenció que fue el autor de un atentado con coche bomba contra el director general de Política Científica en Madrid (2001).

A Asier Eceiza Ayerra le condenaron en base a las kantadas de los cuatro terroristas que mataron al concejal del PSOE en Orio Juan Priede. Esas autocríticas, como también las denominan los investigadores, le señalaban como cómplice.

Una condena más hasta sumar la decena provocada hasta ahora: la de la abogada Arantza Zulueta Amuchastegui, condenada en 2002 a 7 años por un delito de integración en organización terrorista y depósito de armas. Cuadrando datos de los sellos de ETA se pudo probar su implicación con la banda.