Los socios de Sánchez ponen precio a su apoyo en una marcha en Bilbao: amnistía para los presos etarras

Los socios de Pedro Sánchez -Bildu, Junts, ERC, Podemos, PNV y BNG- han apoyado este sábado una marcha en Bilbao para exigir la amnistía para los presos etarras. La manifestación, convocada por los colectivos Sare y Etxerat bajo el lema Llaves para la resolución, busca la excarcelación de decenas de presos de ETA, además del retorno de los fugados. En la marcha han participado dirigentes de Bildu, Junts y ERC. Cabe recordar que, hace apenas quince días, el PSOE dio la Alcaldía de Pamplona a los proetarras, convirtiendo a Joseba Asirón en alcalde de la localidad.

Los socios del presidente del Gobierno, imprescindibles para mantenerle en La Moncloa, han apoyado estas reivindicaciones. La semana pasada, 18 eurodiputados dieron su respaldo a la convocatoria, entre ellos, Carles Puigdemont (Junts), Clara Ponsatí (Junts), Diana Riba (ERC), Idoia Villanueva (Podemos), Jordi Solé (ERC), Eugenia Rodríguez (Podemos), Miguel Urbán y Toni Comín (Junts). Todos ellos firmaron a favor de la causa de los presos de ETA y su pronta puesta en libertad.

Una de las asistentes a la marcha en Bilbao, la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordá, ha rechazado lo que considera «medidas de excepción» a los presos de ETA y ha advertido de la existencia de «conflictos» que «nunca deberían haber salido de la política».

Por su parte, desde Junts, su vicepresidente Josep Rius ha pedido directamente al Gobierno que «ponga fin al trato de excepcionalidad» a los presos de ETA por «la reconciliación y la convivencia».

Bildu, uno de los aliados más estables de Sánchez, ha denunciado la existencia de «tribunales lejanos» que mantienen «interpretaciones restrictivas contra los derechos más básicos» de los presos y ha señalado que «no es momento para más criminalización».

Excarcelación masiva

El colectivo de presos lleva meses difundiendo esta campaña, que pretende la excarcelación masiva de etarras. Una especie de amnistía encubierta, que ellos justifican en el fin de la política de excepción. De hecho, el objetivo de Otegi es derogar tres leyes que, en su opinión, impiden que los presos salgan de la cárcel. La campaña ha sido apoyada expresamente por Bildu, el PNV y Podemos, firmantes de su manifiesto. Los convocantes destacan que «aún continúan produciéndose vulneraciones de los derechos de los presos/as vascos» y  pide simbólicamente «coger en la mano las llaves que abran la puerta del camino a casa de los presos y presas». El plan implicaría poner en la calle, mediante el tercer grado, a 110 presos que actualmente cumplen condena, según las cifras que maneja Sare.

«Para seguir avanzando es necesario ir cerrando las puertas que nos perpetúan en el pasado y abriendo aquellas que nos ayudan para dar salida a la problemática de los presos/as, refugiados y deportados vascos y en la búsqueda de un acuerdo de mínimos que posibilite un tratamiento justo e igual para todas las víctimas de las violencias generadas en nuestro país», dicen los convocantes.

En cuanto a los etarras fugados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculan que son una veintena los terroristas huidos que aún tienen causas pendientes con la Justicia española. La mayoría han encontrado cobijo en la Venezuela de Nicolás Maduro -donde se localizan una docena-, aunque también se distribuyen por otros países, como México, Brasil, Francia y Suiza. En otros casos, la causa ya ha prescrito por el paso del tiempo.

«Convivencia»

Los presos de ETA hacen alusión al término al que recurre con frecuencia Pedro Sánchez para tratar de justificar la Ley de Amnistía pactada con el separatismo: «Convivencia».

Así, señalan que su intención es «abrir las puertas de la solución y la convivencia de par en par» y revelan que su propósito es «abrir las puertas a todas las modalidades del cumplimiento de las penas que la propia ley ofrece, profundizando en un nuevo modelo penitenciario más humanizado y, por tanto, más justo».

Cesiones

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha ido dando pasos con los presos de ETA. Por ejemplo, completando su traslado a las cárceles del País Vasco y Navarra.

Además, el Ejecutivo transfirió en 2021 las competencias de prisiones al País Vasco, con un régimen de cumplimiento de penas más flexible. Desde que tuvo lugar esta transferencia, el Gobierno de Urkullu ha triplicado la aprobación de terceros grados a los etarras. En 2023 el Ejecutivo vasco concedió el régimen de semilibertad a un total de 61 presos, y la Audiencia Nacional ha revocado 15.