La amnistía para el terrorismo que Sánchez ha pactado con Junts sacaría ya de prisión a 40 etarras

La amnistía para los delitos de terrorismo que Pedro Sánchez ha pactado con sus socios separatistas permitiría sacar de prisión al menos a 40 etarras que ahora cumplen condena pero no tienen delitos de sangre. Según el acuerdo entre el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts y Podemos, la Ley de Amnistía incluirá finalmente a los condenados por terrorismo, salvo que «de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos», expresamente muertes o torturas. Ello permitirá amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democràtic, incluso en el caso de que fuesen condenados.

La Ley de Amnistía se circunscribe a los delitos cometidos en el proceso separatista catalán. El texto lo precisa en su artículo 1, determinando que el ámbito objetivo de aplicación serán los actos «ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023», así como aquellas que «no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración».

En un hipotético escenario, la nueva definición de lo que para el Gobierno es terrorismo amnistiable afectaría a decenas de miembros de ETA que no fueron condenados por asesinato.

Etarras

Según el recuento del colectivo de presos de ETA, Etxerat, actualmente en las cárceles españolas cumplen condena 134 etarras. De ellos, unos 40 no cuentan con asesinatos en su historial, según la documentación consultada por OKDIARIO. De esta forma, encajarían en la definición de terrorismo amnistiable, a ojos de Sánchez y sus socios.

Desde hace tiempo, víctimas y oposición advierten de la posibilidad de que el líder del PSOE acabe aplicando una medida de gracia a los presos etarras, similar a la pactada para el independentismo. Desde que llegó a La Moncloa, los gestos hacia este colectivo han sido constantes, y se han materializado en el traslado de todos los presos a las cárceles de Navarra y el País Vasco donde, con las competencias de Prisiones transferidas, acceden con mucha más facilidad al tercer grado. Desde 2018, Sánchez ha trasladado a 204 etarras, de los cuales, 99 tenían delitos de sangre.

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en numerosas ocasiones en este asunto. «¿Algún militante del PSOE puede asegurar que no va a haber indultos a los presos de ETA?», se preguntó el líder del PP hace unas semanas, destacando que existen «indicios racionales» que hacen pensar en ese camino y que la amnistía supone que en España «se pueden cometer delitos de terrorismo» siempre y cuando «apoyes al Gobierno».

Feijóo trasladó esa cuestión a Sánchez en el encuentro que ambos mantuvieron a finales de diciembre en el Congreso. El jefe de la oposición exigió al socialista «un compromiso con la no despenalización del enaltecimiento del terrorismo, la prohibición de los homenajes a terroristas y la no concesión de indultos a presos etarras», sin recibir respuesta alguna.

Con muertos

El redactado inicial de la ley excluía de la aplicación de la amnistía a los condenados por delito de terrorismo con sentencia firme. Sin embargo, la enmienda pactada por el PSOE con sus socios precisa ahora que sólo quedarán excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo «siempre y cuando» la intención de los acusados fuese generar «violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Esos dos artículos del Convenio Europeo al que hace referencia dicha enmienda contemplan el derecho a la vida y la prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes.

En consecuencia, gracias a esta enmienda quedarán amnistiados los acusados en los procedimientos relativos a los CDR y Tsunami Democràtic. Cabe recordar que, en esta última causa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón apunta directamente al ex presidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La enmienda aprobada este martes prevé la amnistía incluso en el caso de que los actos de terrorismo provocasen fallecidos, siempre y cuando los condenados no tuvieran intención de ocasionar la muerte.

De esta forma, quedaría incluido el fallecimiento de un ciudadano francés en el marco de la ocupación de El Prat que, según el juez de la Audiencia Nacional, sería imputable a Tsunami. El pasajero murió en el hospital tras sufrir un infarto en el aeropuerto después de caminar cuatro kilómetros para alcanzar la infraestructura aeroportuaria, que estaba bloqueada por las concentraciones organizadas por la plataforma separatista.

Ese argumento, la muerte no intencionada, ha sido esgrimido habitualmente por los etarras para tratar de rebajar sus condenas. El propio Arnaldo Otegi lo expresó con claridad en una entrevista en La Sexta, en la que afirmó que la intención del atentado de Hipercor -que provocó la muerte de 21 personas y heridas a otras 45- «no era matar».

También el histórico etarra Josu Ternera ha seguido esa línea. Preguntado sobre el atentado a la casa cuartel de Zaragoza -que dejó 11 muertos, entre ellos, cinco niñas-manifestó: «El único pero que le pongo es que las víctimas sean sobre todo críos. Un resultado irreversible y penoso. Lo siento profundamente. Esas víctimas no tenían nada que ver».

Mientras, el entorno proetarra intensifica su presión para la excarcelación de los presos, como se vio el pasado 13 de enero en una marcha en Bilbao apoyada por todos los socios de Sánchez.