La Audiencia avala que Peinado investigue a Begoña por tráfico de influencias pero excluye a Air Europa

La resolución que firman tres jueces por unanimidad destaca que la relación entre Begoña Gómez y Barrabés constituye «la clave del desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, utilizada como plataforma desde la cual se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva».

Según el auto, esto explicaría «el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos».

En el caso de Juan Carlos Barrabés, los magistrados señalan que «se le debió siempre oír en calidad de investigado para garantizar al máximo sus posibilidades de asesoramiento y defensa», dado que «su directa implicación en lo investigado era conocida desde el inicio».

El tribunal menciona que su «interés procesal tiene origen en las adjudicaciones públicas de las que ha sido beneficiaria la empresa Innova-Next S.L. y que estas se hubieran concedido en un corto periodo de tiempo, entre los años 2021 y 2022, once contratos públicos con distintas Administraciones, ganando a propuestas más ventajosas y por un valor de unos 21.000.000 euros, contando en algún caso con el aval personal de Begoña Gómez como directora de la cátedra».

La investigación judicial se inició en abril de 2024 tras la admisión a trámite de una querella del sindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias. Desde entonces, el juez Peinado ha tomado declaración a numerosos testigos, incluido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se acogió a su derecho a no declarar como cónyuge de la investigada.

La Audiencia también mantiene como investigada a Cristina Álvarez Rodríguez, asistente de Begoña Gómez, «ya que de otras diligencias practicadas en esta instrucción se deduce su colaboración activa, en los fines perseguidos por la principal investigada».

Por otra parte, el instructor recientemente ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por ser el superior de la asesora personal de Begoña Gómez cuando pedía dinero desde Moncloa para la cátedra privada de la esposa de Sánchez.

El auto de la Audiencia aclara que «existía una clara determinación objetiva, subjetiva y temporal de los hechos, objeto de investigación: toda aquella actividad desarrollada por la investigada en relación con el despegue de su actividad profesional, en principio, sólo desde la ideación y creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, y en relación con aquellos terceros que le han dado soporte, financiación, patrocinio, colaboración o ayuda».

En una resolución que busca equilibrar el impulso investigador con las garantías procesales, la Audiencia Provincial establece así un marco más definido para la instrucción, respaldando el núcleo de las pesquisas pero limitando su alcance para evitar lo que denomina una «elefantiasis procesal», y descartando algunas líneas que se alejan del objeto central de la querella original.