Peinado suspende la declaración del alto cargo al que señaló Bolaños: «Instrúyase y vuelva el 28M»

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido este miércoles la declaración del vocal asesor Raúl Díaz Silva, quien había sido señalado por el ministro Félix Bolaños como la persona responsable de coordinar el personal en Moncloa cuando se produjo la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, Peinado, visiblemente contrariado por las respuestas imprecisas del testigo, ha interrumpido el interrogatorio y ha ordenado: «Instrúyese y vuelva el 28 de mayo». Todo ello en una jornada marcada también por la declaración como investigado del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

El juez ha mostrado su disconformidad con la manera en que Díaz Silva estaba respondiendo a las preguntas relacionadas con sus responsabilidades en la contratación de personal en Moncloa. El testigo se habría ratificado en un escrito fechado el 6 de febrero de 2025 en el que certificaba que Álvarez, como ha consultado OKDIARIO,  «desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».

El vocal asesor había sido citado después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo identificara -a petición del propio Peinado- durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril. En aquella comparecencia, Bolaños defendió que la designación de Álvarez en julio de 2018 se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual, aunque se desligó personalmente del nombramiento y aseguró que nunca fue superior jerárquico de la asesora de Gómez.

El papel del delegado

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha negado ante el juez Peinado haber participado en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que Martín Aguirre «ha comparecido durante escasos minutos y se ha limitado a contestar brevemente a algunas preguntas de su defensa», un abogado del Estado.

El delegado ha acudido a la sede judicial representado por la Abogacía del Estado y con un amplio dispositivo de seguridad, lo que ha provocado que algunas personas le gritaran «delegado del gobierno vete al infierno».

Martín Aguirre está imputado por un presunto delito de malversación «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública», según recoge el auto del juez. La imputación surge de una querella presentada por Vox, que sostiene que el ahora delegado del Gobierno en Madrid era el «responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez».

Sin embargo, en su defensa, Martín Aguirre ha recordado que Álvarez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando él ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia, y que no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021, tres años después de la contratación de la asesora. No obstante, es en esas fechas posteriores donde se cometería el delito de malversación al dedicar su jornada laboral a buscar patrocinios para la cátedra de Begoña Gómez.

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión del juez de imputar al delegado. El Ministerio Público considera «incomprensible» que se le investigue y defiende que «no puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los tres años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado» secretario general de Presidencia. Según el recurso, el fiscal incide en que «no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno» por parte de Martín Aguirre.

Además de estas comparecencias, el juez había citado para este miércoles a varios altos directivos de empresas tecnológicas: el responsable de Minsait -filial de Indra- y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica, Luis Abril; al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; al vicepresidente del consejo de Telefónica Audiovisual Digital, Rosauro Varo; y al responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi.

Todos ellos deben declarar sobre las inversiones de dichas compañías en el software de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, del que supuestamente se habría apropiado la esposa de Pedro Sánchez.

La causa contra la esposa del presidente del Gobierno se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas líneas de investigación a consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox.

Actualmente son seis los investigados: la propia Begoña Gómez; su asesora Cristina Álvarez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; el directivo del IE Business School, Juan José Güemes; el empresario Juan Carlos Barrabés; y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. También son seis las líneas de investigación abiertas, que incluyen desde el presunto tráfico de influencias hasta la presunta participación de Gómez en el rescate de Air Europa.