La comisión sobre Begoña Gómez concluye que hubo «uso ilegítimo» de la Complutense para «crear un negocio»

La investigación de la Asamblea de Madrid sobre el caso Begoña Gómez ha concluido este miércoles que en la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno «hubo irregularidades, presiones a las empresas y un uso ilegítimo de los recursos públicos». Se hace referencia así a la utilización indebida de la Universidad Complutense de Madrid, destacando que las anomalías mencionadas contaron con el beneplácito de Pedro Sánchez.

La diputada del Grupo Popular, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado antes de la votación del dictamen en la Comisión de Investigación en la Asamblea que tienen «muy claro que no sólo hubo irregularidades, sino que también hubo presiones a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de la cátedra» de Begoña Gómez. Además, considera que se dio un «uso ilegítimo de los recursos públicos con el beneplácito y la injerencia silenciosa del presidente del Gobierno».

Zarzalejo ha confirmado que en la comisión de la Asamblea pueden concluir «que la cátedra de Begoña Gómez es una cátedra que se creo ad hoc para colocar en una posición de privilegio académico a una persona que no le correspondía ni por formación ni por méritos, ni por experiencia docente o investigadora». Se añade también que ha habido «un uso ilegítimo de la universidad pública» en pro de lograr «la creación de un negocio como fin último».

La conclusión de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, después de siete meses y 17 comparecencias, también atañe al objetivo de la cátedra de Begoña Gómez, que se relaciona con poner en marcha el desarrollo de una plataforma tecnológica que podría estar valorada en más de 423.000 euros, tal y como se refleja en la información aportada por las empresas colaboradoras.

La cátedra, registrada por Begoña

Dicha plataforma contó con «un seguimiento semanal» por parte de Begoña Gómez y también de su colaboradora más estrecha y «no fue registrada por la Universidad Complutense de Madrid». El centro público era el titular de ese recurso, pero fue registrada «a título personal» por la mujer de Pedro Sánchez.

La comisión deduce que ha habido una utilización de la Universidad Complutense, que se colonizan las instituciones públicas y se hace un uso partidista de ellas. Además, desde el Grupo Parlamentario Popular añaden que «se ataca todo lo que no le conviene al señor Sánchez, que es la esfera privada». Como resultado, el dictamen se elevará a la Fiscalía y al Juzgado nº 41. Asimismo se solicita un rastreo de la huella digital de la carpeta en la que las empresas dejaron el software para saber quiénes compartían ese contenido.