El juez cita a Murtra, presidente de Telefónica, como testigo en la investigación a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha citado a declarar en calidad de testigo al nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, para el próximo 28 de mayo. La investigación se centra en presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El magistrado también ha llamado a declarar al empresario Rosauro Varo, quien forma parte de varios consejos de administración de la multinacional Telefónica, fijando su comparecencia para el 14 de mayo, también en calidad de testigo.

Estas citaciones se producen después de que varias acusaciones populares como HazteOir o Manos Limpias solicitaran al juez que llamara a declarar a seis personas que han ocupado cargos en Google e Indra. Entre los nombres propuestos figuraba precisamente Marc Murtra, expresidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, junto a otros directivos de ambas tecnológicas.

Las acusaciones argumentan que estas personas «desarrollaron los trabajos técnicos e institucionales» relacionados con el programa de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigida por Begoña Gómez. Según las investigaciones, la esposa del presidente se habría apropiado del software desarrollado en dicha cátedra.

Los nombres de estos directivos fueron aportados al juzgado el pasado 2 de abril por testigos que ya han declarado en la causa, como Fuencisla Clemares (ex directora de Google en España y Portugal), Ignacio Mataix (ex consejero delegado de Indra) y Cristina Ruiz (ex consejera delegada de Indra y ex consejera ejecutiva de Minsait).

Según documentación aportada anteriormente al juzgado, Google invirtió 110.000 euros en el software mencionado, mientras que Indra aportó 128.442 euros.

Por otro lado, el sindicato Manos Limpias, que ejerce como acusación popular en el caso, ha anunciado que solicitará al juez instructor que, como medida cautelar, retire el pasaporte a Begoña Gómez. Justifican esta petición alegando los «viajes constantes y dilatados» de la investigada al extranjero «sin justificar», y la «presunción» de que podría estar tramitando la doble nacionalidad en República Dominicana, país con el que España no tiene tratado de extradición. Según Manos Limpias, estas circunstancias suponen «un riesgo sobre la posibilidad de que Begoña Gómez pueda eludir la acción de la justicia».

Otros testigos

En sus declaraciones ante el juez Juan Carlos Peinado, los directivos y ex directivos de Google e Indra que ya han testificado han manifestado que, debido a la naturaleza de sus cargos, no estaban al tanto de los pormenores de la negociación para la inversión en el software del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Fuencisla Clemares, ex directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de operaciones comerciales para Europa, Oriente Medio y África, declaró durante más de media hora que, aunque conocía la existencia del convenio con la Complutense y la inversión realizada, no manejaba los detalles específicos por estar fuera del ámbito de sus responsabilidades.

Clemares explicó que tuvo conocimiento del proyecto a través de su equipo y que la decisión de participar en el desarrollo del software fue aprobada por un comité interno al considerar que se alineaba con los objetivos de la compañía en sostenibilidad y digitalización de pymes. También señaló que Google entendió que la propiedad intelectual pertenecería a la Universidad Complutense.

La ejecutiva de Google reconoció haber coincidido con Begoña Gómez en varios actos institucionales, pero subrayó que en ningún momento mantuvo reuniones o conversaciones con ella específicamente sobre la inversión de Google en el software del máster.

Por su parte, Ignacio Mataix, ex consejero delegado de Indra, y Cristina Ruiz, ex consejera delegada de Indra y ex directiva de Minsait (filial de Indra), declararon que no tenían conocimiento de la inversión en el software porque no era un asunto que correspondiera a sus cargos.

Ambos precisaron que en el comité de dirección se trataban proyectos de gran envergadura económica, categoría en la que no entraba este proyecto en particular.

Durante los interrogatorios, los tres testigos proporcionaron al magistrado los nombres de las personas que dentro de sus respectivas empresas eran responsables directos del proyecto con la UCM, información que posteriormente ha conducido a las nuevas citaciones judiciales para mayo.