Armengol camufló como contrato de servicios uno de suministros para usar los pinganillos del Congreso

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, camufló como contrato de servicios uno de suministros para poder emplear lo más rápido posible los pinganillos de la Cámara Baja en el uso exclusivo de las lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego y valenciano). Le urgía a la diputada por Baleares y tercera autoridad del Estado cumplir así con una de las condiciones que pusieron los separatistas para auparla al cargo y para negociar una eventual investidura de su jefe de filas y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En concreto, tal y como publicó OKDIARIO el pasado jueves, la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE de Armengol y el partido Sumar, recurrió a un contrato de servicios ya existente, en este caso de «mantenimiento integral» de la Cámara, para alquilar el material técnico de los pinganillos, en lugar de convocar un concurso público y analizar otras ofertas, algo que habría retrasado los tiempos. El material adquirido en base a ese expediente han sido seis emisores de alta eficiencia, transmisor de infrarrojos digital y dispositivos receptores o petacas. 

Esa contratación ha sido una artimaña plagada de irregularidades en tanto que Armengol manipuló el objeto del contrato para presentar como «servicios» lo que en realidad es a todas luces un «suministro», señalan fuentes expertas en el procedimiento administrativo. «Al tratarse de un objeto contractual nuevo, por una nueva realidad no existente con anterioridad (y por supuesto no encajable en el mantenimiento correctivo), tendría que haberlo sacado a concurso público, teniendo en cuenta el importe de la adquisición», subrayan dichas fuentes.

El gabinete de Francina Armengol reveló el pasado lunes, justo la víspera del Pleno en el que se estrenaron los pinganillos, que el Congreso había gastado 45.907,34 euros (de una provisión total de 280.000 hasta el 31 de diciembre) en el alquiler de dichos dispositivos transmisores. Esa cifra triplica los 15.000 euros que la Ley de Contratos del Sector Público pone como tope del contrato menor de servicios. Es decir, aquél que por su reducido importe puede ser adjudicado a dedo, sin licitación abierta y pública. En este caso, dado que el importe supera con mucho ese tope, no podía recurrirse a tal contratación menor.

Ley de Contratos

El artículo 6.3b de la Ley de Contratos del Sector Público indica que «se considerarán contratos de suministro los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios».

De este modo, tal precepto habría sido incumplido por Armengol y debería ser objeto de revisión por parte del Tribunal de Cuentas, ya que el Congreso realizó el citado arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones para la traducción simultánea, pero no lo hizo con un contrato de suministros, sino con uno de servicios ya existente, adjudicado en diciembre de 2020 a la empresa OHL Servicios-Ingesan SA por casi 3 millones de euros.

Este contrato de servicios contempla una cláusula para cubrir «imprevistos» a través del «mantenimiento correctivo, materiales de repuesto y otros gastos variables». Y especifica que a tal fin se reservan 40.000 euros mensuales de un total de 540.000 euros anuales consignados en una partida que «se gastará o no en función de las necesidades de la Cámara y previo encargo de trabajos», rezaba el pliego, al que ha accedido OKDIARIO. Según las fuentes consultadas, Armengol ha endosado a esta cláusula la contratación -vía arrendamiento- del citado material técnico para los pinganillos, saltándose los «principios de igualdad, transparencia y libre competencia» de la Ley de Contratos del Sector Público.

«Sobrevenida»

Se trata de una controvertida maniobra puesto que la adquisición de pinganillos para el nuevo babel del Congreso es «una situación sobrevenida, en absoluto prevista con anterioridad, e incardinable en un contrato de servicios de mantenimiento cuyo objeto no encaja con un suministro que responde a una nueva necesidad de adquisición de equipos», subrayan las fuentes administrativas.

De estas irregularidades, añaden las mismas fuentes, podrían derivarse responsabilidades, como mínimo, en el orden de la jurisdicción contable, es decir, la que corresponde al Tribunal de Cuentas, que «vela por la correcta gestión de los fondos públicos y por que no se incumpla la ley, vigilando así que la Administración no sufra el llamado menoscabo de dinero público por no cumplir con los criterios de concurrencia competitiva en las adjudicaciones», explican tales fuentes.

A esos 45.907,34 euros hay que sumar otros 7.600 euros dirigidos a la adquisición de 450 pinganillos nuevos, que se han sumado a 200 que ya tenía la Cámara. En total, incluyendo estos importes, el Congreso ha provisionado un gasto de279.849 euros hasta el 31 de diciembre de 2023 para pagar también a una docena de traductores autónomos o freelance mediante contratos menores (máximo de 15.000 euros).