Armengol destina 280.000 € a convertir el Congreso en la Babel de Sánchez hasta fin de año

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha destinado 280.000 euros hasta final de año a la puesta en marcha de un sistema de traducción en la Cámara Baja para que pueda realizarse un uso exclusivo del catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés. Así lo indican fuentes autorizadas del Congreso incluyendo aquí tanto el importe gastado en material, esto es, 53.500 euros, como el provisionado para la contratación de traductores autónomos mediante contratos menores. En total, 279.849 euros para lo que resta de 2023.

Esta previsión de gasto supone una estimación del coste máximo que podría suponer la aplicación de esta medida en los tres meses y medio que faltan hasta el próximo 31 de diciembre. Para entonces, se habrá analizado ya una contratación todavía mayor teniendo en cuenta que deben constituirse las comisiones, donde también habrá traducción simultánea.

Hasta ahora en el Senado sólo se ha utilizado el pinganillo en los debates de las mociones en el pleno y en la Comisión General de las comunidades autónomas. En cambio, Sánchez y sus socios quieren extenderlo a todos los órganos y publicaciones del Congreso.

Cabe reseñar que ésta es una de las exigencias que pusieron encima de la mesa los separatistas, con los que Sánchez negocia también su investidura, para hacer presidenta a la socialista Armengol, ex presidenta de Baleares.

A fin de no incumplir la ley de contratos del sector público, Armengol pretende encadenar contratos menores (los que alcanzan un importe máximo de 15.000 euros) para ir contando con una bolsa de 12 traductores, que son trabajadores autónomos o freelance, emulando el modelo que se sigue en el Senado y sobre el que el Congreso realizó una consulta de información hace unas semanas.

Estos profesionales homologados facturarán por servicio (entre 80 y 100 euros por hora, según fuentes parlamentarias) y trabajarán en remoto, tal y como han demandado, por lo que durante los plenos no estarán presentes ni en el hemiciclo ni en ninguna otra dependencia del Congreso. Será luego, en función de las horas trabajadas, cuando pasarán la factura a la Cámara.

Por ello, al no saberse todavía las horas que cubrirán ni el número de Plenos, la partida total reservada asciende a 279.849 euros. De momento, este martes en el estreno del uso del catalán, el vasco y el gallego la Cámara Baja contará con seis traductores, un número que en cada sesión puede variar en función de las necesidades.

En cuanto a los 53.500 euros de material, esta cantidad responde a los nuevos 450 pinganillos que se han adquirido por un importe de 7.600 euros (IVA incluido), pues el Congreso ya contaba con 200 auriculares. En total, hoy  habrá disponibles 650 para diputados y prensa. A lo que hay que sumar 45.900 euros (IVA incluido) para el mantenimiento de las petacas, las antenas de radiofrecuencia y los infrarrojos, a través de un servicio de alquiler.

Además, con el objetivo de que la traducción conste en el Diario de Sesiones se ha presupuestado un máximo de 8.469 euros para que el personal de la Carrera de San Jerónimo disponga de todos los instrumentos necesarios en  la tarea de transcripción.

A última hora de este lunes, los operarios todavía seguían trabajando en el interior del hemiciclo, colocando dos grandes pantallas delante de las tribunas de prensa para difundir los subtítulos de la traducción simultánea.

«Dudosa constitucionalidad»

La implementación de este sistema por primera vez en la Cámara, sin consenso parlamentario y sin reforma de la Constitución, tendrá lugar ya este martes, con motivo del pleno que se ha convocado precisamente para cambiar el Reglamento de la Cámara a fin de permitir el uso de las lenguas cooficiales en exclusividad, así como el aragonés y el bable siempre que el parlamentario se autotraduzca.

De esta manera, la imposición del nuevo sistema se producirá incluso antes de la aprobación de la reforma reglamentaria, que tendrá lugar en el pleno del jueves con los votos del PSOE y sus socios nacionalistas y separatistas. Un hecho que el PP ha denunciado por su «dudosa constitucionalidad», remarcando además que estas lenguas sólo son cooficiales en sus comunidades autónomas, pero no en Madrid, sede de la soberanía nacional.