Congreso de los Diputados

OKDIARIO caza a Armengol viviendo en un palacete del Estado después de que Batet lo hiciera de alquiler

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Segundo Sanz

La actual presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, en el cargo desde el pasado 17 de agosto, está usando como lugar de residencia el palacete oficial reservado a la tercera autoridad del Estado. Así lo ha podido constatar OKDIARIO, como prueban las imágenes en exclusiva que revela este periódico. Se da la circunstancia de que su antecesora, Meritxell Batet, también socialista, no hacía uso de dicha vivienda oficial cuando abandonó el cargo, pues estuvo residiendo de alquiler en Madrid en la pasada legislatura.

Las imágenes fueron tomadas un día laborable, en una secuencia que comenzó en torno a las 08:30 horas de la mañana, cuando un asistente retiró las vallas de seguridad que hay en la calzada y abrió la puerta del garaje del edificio. Justo en ese momento se personó en el lugar un coche oficial con dos escoltas. Minutos después llegó otro vehículo de seguridad, que se situó justo detrás del coche oficial que iba a ocupar Armengol. Más de media hora después, alrededor de las 09:09 horas, apareció la presidenta socialista saliendo por el garaje (no por la puerta principal del inmueble) y la escolta le abrió la puerta del coche oficial. Los dos coches se pusieron en marcha y abandonaron la zona rápidamente.

Francina Armengol
Fachada del palacete del Estado donde reside Armengol. (Foto: Google Maps)

Este palacete no se usa como residencia oficial continuada desde que Patxi López se instalara en él en su breve mandato como tercera autoridad del Estado en la XI legislatura, allá por el año 2016. Un hecho que provocó una sonada polémica sobre todo porque su antecesor en el cargo, Jesús Posada, del PP, no utilizó esta vivienda con cargo al Estado, sino que residió en un piso de su propiedad en Madrid. El Grupo Popular advirtió entonces que el ex lehendakari del PSOE tenía salario suficiente para alquilar una vivienda «digna», lejos de los privilegios y la suntuosidad del casoplón que paga la Cámara Baja con dinero de todos contribuyentes.

El palacete, ubicado en el distrito de Retiro a sólo 700 metros a pie de la Cámara Baja, es propiedad de Patrimonio del Estado y tiene una superficie de 1.092,80 metros cuadrados, según información del Congreso de los Diputados. El inmueble cuenta con tres plantas y un garaje en el semisótano, así como ascensor, despacho, salones, dormitorios, gimnasio y sauna. A ello se unen los gastos de agua, electricidad, gas, mantenimiento y seguridad.

Francina Armengol
La presidenta del Congreso, Francina Armengol. (Foto: Pool)

En concreto, Armengol, que vuelve a hacer uso residencial de esta fastuosa finca siete años después, percibirá como presidenta del Congreso -es diputada por Baleares- un importe anual de 214.444,86 euros, según viene establecido en el Régimen Económico de la Cámara Baja. En su declaración de bienes y rentas con motivo de la nueva legislatura, la ex presidenta del Gobierno de Baleares indica que tuvo allí un salario anual de 71.502,62 euros y que cobró 23.735,71 euros en concepto de dietas. Además, refleja un piso en las islas adquirido en el año 2002, un Jeep Gran Cherokee de «segunda mano» de 2012 y un saldo de 88.009,88 euros incluyendo aquí un «depósito en cuenta corriente, seguros y un plan de pensiones».

Patxi López, hoy portavoz del Grupo Socialista, que vivía de alquiler en un apartamento en el barrio de Chueca, alegó «razones de seguridad» para justificar el uso del palacete estatal. Sin embargo, otros presidentes, como el citado Posada, Ana Pastor (PP) o la socialista Meritxell Batet, ejercieron el cargo con la misma seguridad en sus domicilios particulares. En el caso de los dos primeros, en pisos de su propiedad, y en el de Batet, en régimen de alquiler, según confirman fuentes parlamentarias.

Lenguas cooficiales

Entretanto, el inicio de mandato de Francina Armengol está siendo convulso en la Carrera de San Jerónimo. Al «fraude de ley» denunciado por el PP en la constitución de los grupos parlamentarios de ERC y Junts, con diputados prestados por el PSOE y Sumar, se añade la imposición de las lenguas cooficiales por la vía rápida, sin el debido consenso y con la contratación de traductores temporales incluso antes de aprobarse la reforma del Reglamento.

Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo han alertado ya de la «dudosa constitucionalidad» de dicha decisión -avalada por Pedro Sánchez- en tanto se pretende implantar en la sede de la soberanía nacional, localizada en Madrid, el uso exclusivo del catalán, el gallego, el euskera y el valenciano, que sólo son cooficiales en el territorio de sus respectivas comunidades. Para el PP, esto es un «atropello a los derechos de todos los diputados».

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