La alerta Covid de Yolanda Díaz que Sánchez despreció antes del 8-M anticipaba los cierres y los ERTE

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presumido este jueves de que ella anticipó a mediados de febrero de 2020 el riesgo que iba a suponer el coronavirus. De hecho, ha recordado, fue la primera que elaboró una guía para que empresas y trabajadores pudiesen lidiar con una previsible escalada de contagios. Un documento que se dio a conocer sólo 4 días antes del 8-M y que Moncloa desautorizó. En ese informe se atisbaba lo que sólo 10 días después, con la declaración del estado de alarma, se convertiría en una realidad: cierres de empresas, cese de actividad, teletrabajo y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Díaz no se ha querido quedar sin ponerse su medalla, aunque sea a costa de colocar en un brete a Pedro Sánchez y destrozar el relato oficial que el Ejecutivo ha mantenido durante 19 meses: que las manifestaciones del 8M de 2020 se permitieron porque ningún dato objetivo advertía del grave escenario sanitario que se aproximaba.

Ahora, más de año y medio después y con alrededor de 130.000 españoles fallecidos a costa de la pandemia, Díaz se convierte en el primer miembro del Ejecutivo que admite el ‘sí se podía saber’. De hecho, aquella guía de ocho páginas que Díaz y su equipo elaboraron tras constatar a mediados de febrero que la situación de Italia pronto se contagiaría a España es muy significativa. Predice con bastante exactitud las medidas que se pusieron en marcha en España tras decretarse la alerta sanitaria y el confinamiento.

El plan de Díaz

Según defendió entonces la vicepresidenta, y ha vuelto a defender ahora, su plan de actuación en empresas ante casos de coronavirus ya preveía, por ejemplo, la «paralización de la actividad» en empresas, que «deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo».

También se contemplaba que fuesen los propios trabajadores los que, al constatar los riesgos, decidiesen cesar su actividad, abandonar el centro de trabajo o incluso no acudir a él.

El documento del Ministerio de Trabajo pedía realizar «una valoración carente de apreciaciones subjetivas, que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio».

«Adoptar medidas»

Además, mientras desde el Gobierno se hacía un llamamiento a la calma, desde el departamento de Díaz se instaba a las empresas a «adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual que sean indicadas». Por ejemplo, reglas para reducir el número de personas estableciendo turnos, higiene, ventilación de espacios… medidas que después fueron obligatorias para la vuelta al trabajo tras el confinamiento.

Se hacía hincapié también en la aplicación del teletrabajo como elemento fundamental para la reducción de riesgos, «una medida de carácter temporal y extraordinaria, que habrá de revertirse en el momento en que dejen de concurrir aquellas circunstancias excepcionales».

Además, se plantaban las bases del ‘escudo social’ que en semanas venideras Sánchez se arrogaría y repetiría en cada uno de sus discursos al país desde Moncloa. Se establecían los criterios reguladores de los ERTE, la herramienta a la que deberían acogerse sólo unos días más tarde miles de empresas españolas para mantener a sus empleados. Y la guía preveía que eso podría ocurrir al desplomarse la demanda -lo que ocurrió tras el confinamiento- o al producirse escasez en el abastecimiento.

Pese a que el Gobierno tuvo en sus manos esta profética guía, el Ejecutivo siguió sosteniendo que no tenía ningún tipo de dato objetivo que le obligase a tomar medidas anticipadas. Medidas que hubiesen supuesto, entre otras cosas, la cancelación de las manifestaciones del 8 de marzo. Unas concentraciones a las que, de hecho, no acudió Yolanda Díaz.