Agentes de la Guardia Civil ayudaron a un empresario afín al ‘Tito Berni’ para conseguir licitaciones

Uno de los empresarios involucrados en la trama del Tito Berni, José Antonio Suárez, conocido como El Drones, colocó varios contratos de venta de drones al Proyecto GAR-SI Sahel, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que dirigía el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, ahora en prisión. Estas licitaciones, con sello europeo, eran revisadas por funcionarios de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Benemérita. Ahora, según ha podido saber OKDIARIO, se investiga una serie de llamadas que se realizaron entre el entorno del empresario y agentes antiterroristas de la Guardia Civil para teledirigir los contratos: se redactaban los pliegos incluyendo características de los aparatos que sólo podía suministrar el empresario investigado, de forma que se aseguraba que se llevaría el contrato.

La trama conocida como Mediador o Tito Berni –en referencia al ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el principal político investigado en el procedimiento judicial– comenzó con una investigación capitaneada por la Policía Nacional. Sin embargo, estos agentes cedieron a la Unidad de Asuntos Internos de la Benemérita las pesquisas en relación con el general Espinosa. Concretamente, la Policía cedió a la Guardia Civil la investigación en relación con cuatro contratos por importe de 263.093,39 euros que habría amañado el general Espinosa en favor del empresario José Antonio Suárez, alías El Drones, a cambio de «dádivas, regalos o pagos».

El empresario se habría hecho con hasta cuatro proyectos entre los años 2020 y 2021. Uno por valor de 30.991,74 euros; otro por 43.801,65 euros; un tercero por 14.000 euros; y un cuarto por 174.400 euros, desarrollados en Mauritania, Níger y Malí cuando el general era responsable del Proyecto GAR-SI Sahel. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto de los países del Sahel (Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad), como de los territorios regionales, incluyendo las zonas más aisladas y transfronterizas. Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto, liderado por la Guardia Civil, ha tenido como objetivo crear unidades similares a los Grupos de Acción Rápida (GAR) españoles que permiten a las fuerzas de seguridad de los países de la región mejorar la seguridad interior, así como sus capacidades.

Adjudicaciones ‘ad hoc’

Fuentes consultadas por este periódico explican que tras la detención de José Antonio Suárez El Drones y la intervención de su teléfono, se analizó una grabación de una llamada telefónica en la que un agente de los GAR hablaba con Marta Suárez, hija del empresario José Antonio Suárez y dueño de la mercantil Asesoramiento y Servicio de Drones SL (ASD SL) que habría recibido las adjudicaciones. Según fuentes consultadas por este periódico, los interlocutores acordaron «fijar en el contrato público una característica que sólo poseían los drones» proporcionados por esta empresa con el objetivo de que la adjudicación «estuviese justificada».

Además, este periódico ha podido tener acceso a la agenda de José Antonio Suárez. En la misma, este empresario de drones anotó: «Trans. Jerónimo GAR 28/04/2021 ¿9.000?». Seguidamente, apuntó realizar otra transferencia a un instructor de Mauritania. «Trans. Eduardo Rodríguez. Pago instructor Mauritania ¿1.999,66 euros?»

La fecha en la que se debían realizar las transferencias coincide con el año en la que se adjudicaron los contratos investigados y que fueron amañados presuntamente por el general de la Guardia Civil. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que agentes de los GAR estarían implicados en la trama, sin embargo, «la Unidad de Asuntos Internos de la Benemérita se ha centrado en investigar únicamente al general retirado, actualmente en prisión provisional, sin ir más allá», recalcan.

Ahora, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación –dado que es el organismo competente al tratarse de fondos europeos– para asumir exclusivamente esta pieza relativas a los contratos vinculados al proyecto de la Unión Europea de la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, a cargo de la investigación de la presunta trama corrupta liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni.

Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que la fiscal de Europa, Concha Sabadell, designada a dedo por Pedro Sánchez, intentará evitar que esta causa que afecta al Gobierno «tome relevancia» fuera de España. Por este motivo, sopesan que la fiscal ordene «a la Guardia Civil, con un claro interés en que la causa no apunte a más miembros del cuerpo para evitar devaluar a la Benemérita, continuar con las pesquisas».