El abogado del Estado admite ya que la Generalitat pudo desviar fondos de Montoro al 1-O

El abogado del Estado admite ya que la Generalitat pudo desviar fondos de Cristóbal Montoro al 1-O. La Abogacía del Estado se ha personado en la causa contra el 1-O. Y ha dejado clara su postura en la contestación que ha dado al recurso de Josep Maria Jové -el hombre de confianza de Oriol Junqueras en el control del golpe del 1-O y de la construcción de lo que denominaban las “estructuras de Estado”-. Allí, el representante jurídico del Estado ha admitido que “existen indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos” y que “los fondos estatales pudieran haber sido malversados por miembros de la Generalitat”.

Tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, “el abogado del Estado en la representación que por ley ostenta” ha tumbado las argumentaciones de Jové. El golpista defendía que la Abogacía del Estado no debía estar presente en el caso. Y el representante jurídico ha defendido su derechos a personarse reconociendo, precisamente, que pueden haber sido desviados fondos públicos del Estado para fabricar el golpe del 1-O.

“Discrepa esta parte sobre la conclusión que alcanza el recurrente en relación a la inexistencia de indicios sobre la comisión de un delito de malversación. En este sentido, baste señalar que obran en la causa diversas actuaciones de investigación dirigidas a determinar la cuantía y origen de los fondos con los que se financiaron, entre otras cuestiones, la publicidad, el material electoral y traslado y estancia de observadores internacionales con ocasión del referéndum del 1 de octubre” señala el texto del documento del representante jurídico del Estado.

Y lo argumenta porque, como señala expresamente, “existen indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos cuya investigación debe continuar por el juzgado instrucción a fin de determinar el origen y cuantificación de los fondos públicos que pudieran haber sido utilizados para la financiación del referéndum del 1 de octubre”, donde existe un «presumible desvío de fondos de carácter estatal que integran los diferentes mecanismos de financiación de las comunidades autónomas”.

Y añade que el “Estado se convierte en ofendido por el delito en la medida en que los fondos estatales pudieran haber sido malversados por miembros de la Generalitat con ocasión de los gastos ocasionados por la celebración del referéndum del 1 de octubre”.

La conclusión del abogado del Estado coincide con lo defendido por el fiscal. En su texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fiscalía señala que “en las presentes diligencias previas se están investigando hechos que pueden ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, rebelión y sedición, y contra la paz e independencia del Estado en virtud de la denuncia interpuesta por Miguel Durán Campos y Miguel Durán Muñoz así como por la querella de Vox”.

Y aclara el Ministerio Público que “dentro de los hechos que pueden englobar el delito de malversación de caudales públicos se ha de tener en cuenta que los presuntos fondos malversados y no destinados a su finalidad legítima, por cuanto hayan podido ser destinados al pago de la realización de un referéndum que había sido suspendido y posteriormente declarada inconstitucional, entre otros, si bien son fondos que sean gestionados por parte de la comunidad autónoma, los mismos tienen diversos orígenes”. Y esos orígenes son públicos y, además, en muchos casos procedentes de fondos nacionales y no regionales.

«Fondos provenientes del Estado»

El fiscal aclara que esos fondos pueden proceder de “recursos propios, como también recaudación de impuestos estatales cedidos total o parcialmente y fondos provenientes del Estado cuyo origen son los fondos de liquidación autonómica”.

La postura de la Fiscalía se suma, ademas, a la realizada ya por el juez de instrucción del Juzgado número 13 de Barcelona, que, en un reciente auto también señaló que «parte de los pagos» fueron realizados con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El magistrado recordó, de hecho que Cataluña recibió a través de esta línea de financiación “6.664,8 en el año 2012, 10.050,6 en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090 en 2016 y 7.757,2 en 2017”. Y señaló que “ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, cualquier gasto debe imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA percibido ese año».