La Abogacía del Estado de Sánchez rebaja la malversación en el 1-O y la equipara a la del 9-N de Mas

La Abogacía del Estado, a las órdenes de Pedro Sánchez, se ha mostrado restrictiva en la consideración del delito de malversación cometido por los golpistas el 1-O. Hasta el punto de que consideran que la responsabilidad económica de Carles Puigdemont y sus altos cargos por el golpe separatista es similar a la que se exigió a Artur Mas por organizar el 9-N.

Este cuerpo, dependiente del Gobierno, ha expuesto su criterio en las alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, organismo que analiza el dinero malversado por Carles Puigdemont en el 1-O —tal y como ya hizo con Artur Mas en el 9-N de 2014- . Pero el criterio de la Abogacía del Estado está siendo bastante restrictivo. La cifra concreta que puede llegar a reclamar el tribunal fiscalizador al ex president de la Generalitat y prófugo de la Justicia, y a sus altos cargos, no distaría mucho de la cantidad exigida a Artur Mas por organizar el referéndum del 9-N de 2014, sin tener la misma intensidad e importancia que lo ocurrido el 1 de octubre de 2017.

Por ahora, la cifra cuantificada en territorio catalán se limita a 3 millones de euros, a los que habría que sumar cerca de 2,3 millones en gastos destinados a la acción exterior de la Generalitat para favorecer el referéndum ilegal. Es decir, en total 5,3 millones de euros. Y a Artur Mas se le reclamaron 5,2 millones, prácticamente lo mismo.

Una de las claves se encuentra en los gastos ocasionados por el envío de agentes a Cataluña: el famoso dispositivo Copérnico. Aquel envío de agentes ocasionó un gasto de 87 millones de euros al Estado. La Abogacía del Estado ha considerado que no se pueden incluir porque, pese a la reclamación de «Abogados Catalanes por la Constitución» y «Sociedad Civil Catalana”,  considera “que no se dan los requisitos exigidos para su enjuiciamiento por un procedimiento de reintegro por alcance».

La cuantificación de los gastos no incluye los 87 millones de la operación Copérnico

El criterio de  del Gobierno es que «para que pueda existir una declaración de responsabilidad contable es necesario que el menoscabo en los caudales públicos se haya producido por las personas que han gestionado esos fondos, supuesto que en el caso de estos gastos no se produce”. Y ello “aunque la causa del gasto se encuentra en la actuación ilícita de las autoridades de la Generalitat de Cataluña denunciada”. El Tribunal de Cuentas acepta este criterio y, por lo tanto, esos 87 millones de euros no se le podrán exigir a los responsables del golpe de Estado.

La acción en el exterior: sólo 2,3 millones

Pero, además, más allá de esta partida concreta, lo cierto es que la cuantificación de los gastos es baja. Así, aunque es verdad que aún pueden subir las cifras fruto de la investigación, por ahora se ha admitido investigar como malversación las gastos por “la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista”, una partida que se ha estimado en 2,3 millones; la “web cataloniavotes.eu, que dio lugar a pagos efectuados por Diplocat de 111.358,04 y 17.217,50 euros”; “gastos vinculados a la actuación del CTTI”; “uso de los 2.259 locales habilitados como puntos de votación –900.906,70 euros–; “publicidad institucional relacionada con el referéndum” –127.810,57 euros–; la campaña «Registro de residentes en el exterior» –266.496,04 euros–; o, sólo por citar algunos ejemplos más, la campaña CIVISME, encargada por la Generalitat -por importes de 93.179,56 y 184.624,85 euros-.

Pero todo ello se sitúa, por ahora y con números exactos, en 5,3 millones. Una cifra un tanto llamativa teniendo en cuenta que en el referéndum ilegal del 9-N de Artur Mas la cifra total reclamada fue de 5,2 millones, tal y como confirma el abogado Ramón de Veciana, portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución.

De Veciana no ha dudado en destacar “el cambio experimentado por la Abogacía del Estado en este procedimiento con respecto al seguido ante el mismo Tribunal de Cuentas por los gastos del 9-N”.

Y es que en aquella ocasión el Tribunal de Cuentas elevó la cifra a esos 5,2 millones. Y ello, gracias a admitir, sólo en ordenadores 3 millones; en gasto en soporte informático 759.470,76, y en envío de información 334.755,47.