Interior planea retirar guardias civiles de seguridad ciudadana para custodiar a presos hospitalizados
La Secretaría de Estado, a instancia del Ministerio del Interior, planea emitir una instrucción de seguridad que implicará la retirada de agentes de la guardia civil destinados a labores de seguridad ciudadana, en zonas rurales, para cubrir servicios de custodia de presos hospitalizados en grandes ciudades. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil consideran que la decisión supondrá un riesgo grave para los ciudadanos y los profesionales sanitarios, además de un incumplimiento flagrante de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La nueva orden organizativa que prepara la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, será de aplicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de la Guardia Civil, con llevará el desplazamiento de agentes que actualmente garantizan el orden y la seguridad en zonas rurales hacia complejos hospitalarios de capitales de provincia y grandes ciudades, con el fin de custodiar a los presos que son atendidos en los servicios de urgencias.
La vigente Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reserva a los efectivos de la Benemérita competencias propias –entre las que se encuentran la seguridad ciudadana en zonas rurales y el traslado interurbano de presos– y asigna las custodias de presos en urgencias hospitalarias -e implícitamente la propia seguridad de los ciudadanos en el interior de dichos centros sanitarios, ubicados en las capitales de provincia- a la Policía Nacional, en exclusiva.
La instrucción que se encuentra, actualmente, en fase de estudio, ha sorprendido a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Los representantes de los agentes manifiestan a OKDIARIO su preocupación por una decisión que «puede llevar incluso a dificultades prácticas entre los cuerpos policiales por falta de coordinación» al no haberse previsto la necesidad de establecer «un mecanismo efectivo para el traspaso de responsabilidades» entre ambos cuerpos policiales antes de la publicación efectiva «de una instrucción polémica como la referida», añaden.
Los guardias civiles advierten que Interior desprotegerá a los ciudadanos y pondrá en riesgo a sanitarios y pacientes
Y llaman la atención sobre lo precipitado de una orden que, de producirse, contradice lo manifestado hasta la fecha por la propia secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, quienes informaban recientemente «de que la tan necesaria reorganización de unidades de la Guardia Civil» se encontraba paralizada «hasta después de las próximas elecciones municipales y autonómicas».
Tras conocerse los planes de Interior, los guardias civiles insisten en solicitar una reunión urgente, que ya habían planteado con anterioridad sin respuesta, con la secretaria de Estado y el director del Gabinete de Coordinación y Estudios –nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska–, el comisario José Antonio Rodríguez González, para exponer sus posiciones.
Riesgo para todos
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en un comunicado oficial, asegura que en el proyecto de reforma se ignoran las carencias de seguridad existentes en zonas rurales «así como el riesgo que asumen los guardias civiles, los profesionales sanitarios y los usuarios de los hospitales».
Y es que los agentes realizan «jornadas maratonianas, conduciendo cientos de kilómetros al día y sin poder ejercer su derecho efectivo al descanso necesario» y «todo esto provoca que no esté garantizada la seguridad del personal sanitario y de los propios usuarios de los servicios de urgencias», que comparten instalaciones «muchas veces con presos extremadamente peligrosos, con riesgo de fuga, agresión e incluso toma de rehenes», apuntan desde AUGC.
Advierten que Interior trata de reorganizar los servicios de custodia de presos sin tener en cuenta que dicha función, además, la asumirán «agentes dedicados a la conducción interurbana» y no específicamente formados para la vigilancia y el aseguramiento de presos.
«Evidentemente defendemos la actualización de normas obsoletas –la actual tiene más de 11 años– para evitar futuras fugas e incidencias en las conducciones de presos, ya que es un problema que no se ha afrontado hasta la actualidad», aseguran. «Pero le recordamos al ministro Marlaska que la publicación de esta norma» agravará la ya de por sí mermada presencia «de personal en las zonas rurales» y que «el uso de patrullas de seguridad ciudadana para nuevos y distintos servicios» dejará desprotegidos a los habitantes de pequeños pueblos.