El Gobierno acogió al Aquarius pese a tener 40.000 refugiados a la espera de respuesta

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El campo de refugiados de Dadaab (Kenia), el más grande del mundo, aloja a 326.000 personas.
Carlos Cuesta

El Gobierno dio entrada al barco Aquarius mientras mantiene 40.000 personas con la petición de refugiado sin tramitar. La explicación del Gobierno fue la urgencia del rescate de las 629 personas a bordo del barco Aquarius. También el hecho de que viajaban en la embarcación personas con la categoría de refugiados y no se podían incumplir los tratados internacionales en materia de protección y acogida a quienes se encuentran en esta situación. Pero lo cierto es que el barco Lifeline –en situación similar a la del Aquarius– da vueltas por el Mediterráneo con 230 inmigrantes en condiciones de urgencia y sin provisiones, y por ello no recibe el mismo trato que el Aquarius.

Y lo cierto es también que, según los propios datos de Acnur a cierre del mes pasado, España acumula 40.000 peticiones de entrada de personas en España con el estatus de refugiado a la espera de ser concedido y respecto a los que siguen sin tramitarse sus peticiones de asilo oficial.

Se trata de las conclusiones del último informe elaborado por Acnur sobre la situación de los refugiados y lo que denomina un auténtico “shock” de gente llegando a las costas europeas. Unas conclusiones que fueron lanzadas antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, pero que se mantienen en la misma situación actualmente pese a los anuncios de más sensibilidad en la política migratoria.

Y Acnur, al exponer sus conclusiones, dejó claro que la onda expansiva de esta oleada migratoria llegaba a España. «Ningún país se puede permitir que haya una situación como la que tiene lugar en España durante mucho tiempo, porque, simplemente, tiene muchas implicaciones», subrayó en su momento el representante de ACNUR. Y entre esas implicaciones alumbró un dato: el atasco administrativo para resolver legalmente las solicitudes de asilo, que en España se elevaban a «más de 40.000 solicitudes pendientes», tal y como señaló en aquel momento Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección Adjunto de ACNUR.

Según las estadísticas recopiladas por ACNUR, en 2017 fueron 22.103 las llegadas irregulares a España registradas por mar. Y los datos no se relajaron en el inicio del actual ejercicio: en los primeros tres meses de 2018, el número ascendió a 4.354 por la vía marítima.

A las Islas Canarias llegaron 115 personas y desde el Mediterráneo la cifra se elevó a 4.239 las personas en esta circunstancia. Por vía terrestre –Ceuta y Melilla– alcanzaron las 2.000 llegadas.

Todo ello, mientras la gestión de las solicitudes de asilo siguen sin tramitarse y se atascan las peticiones.

Puntos de Identificación y Asistencia

Acnur ha llegado a plantear ante esta situación la creación de «unidades móviles» para cubrir una línea de costa de más de 700 km entre Huelva y Murcia. El plan pasaba por la creación de unos puntos llamados PIAD, puntos de identificación y asistencia y derivación, de forma que las gestiones se desarrollasen a toda velocidad y se solventase la catalogación como refugiados de los inmigrantes.

La idea implicaría la colaboración de organismos e instituciones dependientes de Interior o Fomento. «Desde ACNUR estamos disponibles para trabajar con las autoridades», para diseñar un plan que cubra «gestión, seguridad, cuestiones humanitarias, etc.», afirmaron en aquel momento los representantes de la agencia internacional.

Desde que estallara la crisis de los refugiados en 2015, Bruselas propuso un reparto por cuotas de realojo de refugiados que debían asumir cada uno de los miembros. De los 17.737 que España se comprometió a acoger, en septiembre de 2017, solo se habían tramitado 2.000 expedientes de personas.

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