Ley de Extranjería de Zapatero

Sánchez votó en el Congreso a favor de endurecer las leyes de inmigración

Pedro Sánchez
Sánchez, en el Congreso, durante el debate de la moción de censura.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votó, siendo diputado, la polémica reforma de la ley de extranjería de José Luis Rodríguez Zapatero que, entre otros, prolongaba el tiempo de internamiento de los inmigrantes en situación irregular y dificultaba la reagrupación familiar, dos puntos muy criticados por las ONGs.

La reforma se aprobó en el Congreso el 29 de octubre de 2009, un mes después de que Sánchez tomase posesión de su acta en sustitución de Pedro Solbes.

Una ley “inhumana”, según las ONGs

La votación salió adelante con  180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones, gracias al apoyo del PSOE, CiU y Coalición Canaria, pero fue respondida, fuera del hemiciclo, por concentraciones de sesenta asociaciones que, disfrazados con los monos naranjas de los presos de Guantánamo, calificaron la ley de “inhumana” e “injusta”. 

Entre otras críticas, las asociaciones en defensa de la inmigración cargaron contra las nuevas condiciones para la reagrupación familiar-limitada al cónyuge o análogo e hijos menores-o por ampliar de 40 a 60 días el plazo en que un inmigrante podría estar privado de libertad en espera de expulsión. Según la asociación SOS Racismo, una “vergonzosa muestra de vulneración de los Derechos Humanos”

Desde esta ONG se consideró que la ley socialista aumentaba las desigualdades de derechos entre inmigrantes, al crear la figura del residente de larga duración, y se destacó el incremento de las sanciones tanto para inmigrantes como para quien les apoyase. Entre ellos, multas de hasta 10.000 euros para quien empadronase a un irregular que no estuviese domiciliado en su vivienda.

“En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas”, subrayaba la asociación en un comunicado.

La ley contó con el rechazo de PP, IU-ICV, ERC y Na Bai, y la abstención del Grupo Mixto.

El entonces portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, consideró que la reforma no serviría para frenar las “avalanchas” de inmigrantes en situación irregular, y cargó contra una reforma, en su opinión, “cosmética” que no servía para cambiar el modelo migratorio.

Desde IU-ICV y ERC Joan Herrera y Joan Tardá, respectivamente, expresaron su rechazo a esta ley por la ampliación de 40 a 60 días del internamiento de los extranjeros irregulares y por la imposibilidad de los inmigrantes residentes a reagrupar a sus padres si tienen menos de 65 años.

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