Lambán cambió al catalán el nombre de pueblos de Aragón el día que triunfó la moción de censura

Alcaldes de los pueblos del Aragón Oriental han recibido en la última semana el aviso del Gobierno que preside el socialista Javier Lambán- con apoyo de Podemos, IU y Chunta- para cambiar su denominación oficial, y de los monumentos de la localidad, al catalán. 

La carta, firmada por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, está fechada el 1 de junio, precisamente el día en que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez, con el apoyo, entre otros, de los independentistas ERC y PDeCAT.

En la misiva-a la que ha tenido acceso OKDIARIO- se afirma que «la inmensa mayoría de los topónimos se han transmitido fundamentalmente de forma oral» y que «su transcripción en escrituras notariales y catastrales, y más recientemente en la cartografía, no siempre se ha realizado con rigor».

«El resultado ha sido una deformación-cuando no pérdida-de un patrimonio riquísimo que forma parte de las raíces de nuestra identidad. De hecho, los nombres de los lugares, igual que los nombres de las personas, forman parte de su propia esencia», se añade.

Desde el Gobierno autonómico se llega a calificar de «nombres inventados o deformados respecto de sus denominaciones locales» a los que han asumido y utilizan desde siempre los habitantes de dichas localidades-habitualmente en ‘chapurriau’, el dialecto propio de la zona- y que ahora se pretenden cambiar por una toponimia catalana que nada tiene que ver con el original, y con la que no se sienten representados.

En la carta se informa a los regidores, para que, en el plazo de veinte días, realicen las alegaciones que consideren.

Hasta el momento han sido 18 pueblos los que han recibido la carta, en la que se les informa de la nueva toponimia, y que, como se observa en el cuadro adjunto, es una traducción pura y dura al catalán.

Instituto de Estudios Catalanes

Las nuevas denominaciones son las que, en 1995, aprobó el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), una organización-con sede en Barcelona- que ejerce las funciones de «normalización» del catalán, no solo en Cataluña sino en los territorios limítrofes o lo que los secesionistas denominan ‘Países Catalanes’. 

Pero el Instituto, además de sus tareas lingüísticas, ha sido uno de los grandes dinamizadores del procés, defendiendo el referéndum ilegal, a los dirigentes golpistas y atacando al Gobierno por la aplicación del artículo 155.

Así lo expone en sus numerosos manifiestos, en los que, entre otros, se expresa el apoyo a los alcaldes citados por su participación en el referéndum del 1 de octubre así como a los miembros del Govern encarcelados por «apoyar el derecho del pueblo de Cataluña a expresarse libremente», arremete contra el Gobierno español por la «burla de la separación de poderes» y condena el «estado de excepción», que, considera, supuso la intervención de la comunidad. «El Instituto de Estudios Catalanes se manifiesta a favor del derecho a decidir de la nación catalana», concluye en una de estas notas.

En la más reciente, del 26 de marzo-día en que Carles Puigdemont fue detenido en Alemania-el Instituto denuncia «la represión de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos catalanes por parte del Estado español». «Desde los principios de la democracia, exigimos la liberación de los presos políticos, la restitución de las instituciones catalanes y el respecto por la libertad de Cataluña y por la voluntad democráticamente expresada por los catalanes».

Tesis difundidas también por su director, Joandomènec Ros, un ferviente defensor del separatismo para quien en una Cataluña independiente «sólo debería haber una lengua oficial y esta debería ser el catalán», porque «el bilingüismo mata», como expresó en cierta ocasión en TV3.

Ros ha presumido de que la labor del Instituto es contribuir a lograr un Estado independiente, convencido de que si su organismo «no hubiese existido, ahora no nos plantaríamos la independencia, y seríamos una autonomía más del Estado pensando en la suerte de que tenemos un Estado que vela por nosotros, como por desgracia en muchas otras autonomías».  «El IEC ha hecho un trabajo en el pasado muy bueno y está dispuesto a seguir haciéndolo, aunque la situación sea mala», aseguró en otra entrevista.

En una conferencia afirmó  también que el IEC «es uno de los forjadores de la identidad nacional de Cataluña y los Países Catalanes, y desde su fundación, una verdadera estructura de Estado». 

La dictadura del catalán en Aragón

El acercamiento del Gobierno de Lambán a los independentistas catalanes se ha acelerado en los últimos meses, con medidas, como la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua, la institución pública que dará cobertura al Instituto aragonés del catalán y asesorará a la instituciones sobre su uso. En sus estatutos, se explica que el Instituto aragonés del catalán colaborará con las instituciones académicas de la lengua catalana, lo que abre la posibilidad de establecer convenios con la Generalitat de Cataluña.

La imposición del catalán en Aragón, además, tiene premio. En 2016, los Gobiernos catalán y aragonés concedieron sendos premios a Artur Quintana, un defensor radical de estas tesis que llegó a decir que cuando los romanos llegaron a la Península Ibérica en la zona noreste se hablaba catalán y aragonés. Lambán le otorgó ese año el premio Desideri Lombarte, uno de los principales de la comunidad, «en reconocimiento a sus trayectorias en la dignificación y difusión del catalán en Aragón». 

Recientemente, y como informó OKDIARIO, el Gobierno regional socialista ya envió cartas a los alcaldes de varios municipios de Aragón Oriental en las que se informaba de que la zona había sido declarada «de utilización histórica predominante de las modalidades lingüísticas propias de Aragón”. Esto es, no solo el aragonés, sino también el catalán. Los regidores respondieron con otra misiva en la que rechazaban la imposición.