La trama de ‘ilegales’ que pagaban por empadronarse en Gandía llega al Ayuntamiento: «Va a cambiar el censo electoral»

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gandía, que lidera Víctor Soler, ha solicitado por registro de entrada en el Consistorio la creación de una comisión de investigación formada por todos los grupos políticos y técnicos del padrón, después de la Policía Nacional haya desarticulado en esa localidad una organización criminal dedicada a obtener datos datos personales y falsificar documentos para empadronar masivamente a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. La investigación ha constatado el empadronamiento irregular de al menos 127 personas a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Además, se ha localizado a 15 víctimas. Todas de edad avanzada y propietarias de viviendas en la localidad.

El PP de Gandía ha recordado que fue el actual alcalde, el socialista José Manuel Prieto, como concejal de Administración, quién el filtro en el padrón en 2019. Se da la circunstancia de que la alcaldesa de Gandía en 2019 era la también socialista, actual secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en el Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant.

OKDIARIO avanzó el pasado junio que la Policía Nacional había recibido las denuncias presentadas por vecinos de la localidad, por empadronamientos irregulares en sus propias viviendas. En algunos casos se había detectado más de 15 empadronados en una sola vivienda. En esos días, el PP de Gandía cifró el número de esos denunciantes en torno a 70. Todo ello, en una localidad en la que, según un reciente informe, existían 1.238 viviendas con al menos media docena de personas empadronadas en cada una de ellas.

Además, el PP ha recordado a través de su portavoz, Víctor Soler, que ellos solicitaron «exhaustivas medidas de control» cuando se conocieron los primeros casos de empadronamientos ilegales». Los populares han reclamado también la creación de una nueva ordenanza en esta misma materia y, sobre todo, recuperar los filtros de control que establecieron también los populares en 2014, durante la Alcaldía del fallecido Arturo Torró, «mediante la que se logró depurar en 3.600 las personas empadronadas».

El PP ha solicitado la citada comisión de investigación al considerar que «esto podría ser sólo la punta del iceberg de una trama mucho más profunda, que pone en riesgo no sólo la seguridad de los vecinos, sino también la transparencia de los procesos electorales y la correcta asignación de los recursos públicos».