Alarma en Moncloa por Montero: «El detenido de la SEPI es muy cercano a ella»

La detención de Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha desatado una profunda inquietud en el Gobierno, especialmente en torno a la figura de María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. Fernández no era un perfil cualquiera dentro del organigrama socialista, su carrera profesional ha estado estrechamente ligada a la de Montero desde que asumió distintos cargos en la Junta de Andalucía. Allí, ambos crecieron laboralmente y consolidaron una relación de confianza que acabaría resultando determinante para su salto a la presidencia de la SEPI.

Ese vínculo, ampliamente reconocido tanto en el PSOE andaluz como en el propio Ejecutivo, explica por qué la detención de Fernández ha encendido todas las alarmas internas. Fuentes de Moncloa admiten preocupación por el impacto político que puede tener el caso en el núcleo económico del Gobierno, e incluso llegan a decir que Montero «tiene muy mal panorama». Señalan que «el detenido de la SEPI es muy cercano a ella», y el temor no es menor, porque cualquier derivada judicial que implique decisiones adoptadas bajo su mandato podría salpicar a la ministra en un momento en el que su liderazgo es clave para la estabilidad presupuestaria y la interlocución con Bruselas.

Un ascenso impulsado por Montero

La trayectoria de Vicente Fernández confirma ese respaldo político. Fue uno de los que desembarcó en Madrid cuando Montero asumió el cargo de ministra de Hacienda en 2018. Posteriormente, la ministra avaló su llegada a la presidencia de la SEPI, un puesto estratégico desde el que Fernández gestionó participaciones públicas clave y supervisó operaciones empresariales multimillonarias. Su salida del cargo no supuso una ruptura: entonces fue recolocado en la empresa pública Servinabar, manteniendo así su peso en el entramado político. Desde el entorno de Hacienda aseguran que tras su dimisión de la SEPI se produce una ruptura de las relaciones, pero en Moncloa no se creen esa versión.

Operaciones de la SEPI, en el alambre

La detención de Fernández ha puesto en tela de juicio algunos de los expedientes más delicados que tramita el holding público. Entre ellos, destacan las operaciones de rescate o apoyo como la de Duro Felguera, compañías en situaciones financieras complejas que dependían (y dependen) de decisiones de la SEPI para asegurar su viabilidad. La investigación sobre Fernández amenaza con ralentizar o incluso paralizar temporalmente movimientos clave, generando inquietud tanto en los consejos de administración afectados como en el sector industria.

Fuentes empresariales señalan que la salida abrupta de Fernández y la investigación judicial pueden obligar a revisar decisiones tomadas en los últimos años, alargando plazos y provocando tensión financiera en sectores estratégicos. La SEPI, además, debe afrontar estas turbulencias mientras gestiona proyectos sensibles, entre ellos el reforzamiento del sector industrial y el despliegue de inversión pública vinculada a los fondos europeos.

Momento crítico para Hacienda

El caso ha caído como una losa sobre el ministerio de Hacienda. Montero, que ya afrontaba una fuerte presión por la negociación presupuestaria y la ejecución de los fondos europeos, ve ahora cómo se resquebraja la estabilidad de su círculo más próximo. La oposición ha apuntado directamente a la ministra, reclamando explicaciones sobre el papel que desempeñó en el ascenso de Fernández y sobre los controles aplicados durante su etapa en la SEPI.