España

Las iniciativas de Podemos en el Congreso: mucho Franco y poco tema social

Pablo Iglesias (Podemos)
Pablo Iglesias, en el Congreso. (Foto: Francisco Toledo)
Comentar

De 159 proposiciones no de ley (PNL) presentadas por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura, apenas 15 están referidas al ámbito social y a la protección de los distintos colectivos, al fomento de la igualdad, la conciliación, la eliminación de la pobreza o el reconocimiento de derechos sociales. Las PNL son el instrumento de la oposición para instar al Gobierno a tomar una acción concreta, y, aunque no tienen efectos vinculantes, sí sirven para marcar el perfil parlamentario y las prioridades de los distintos grupos.

En su trabajo en el Congreso, el partido de Pablo Iglesias ha valorizado cuestiones como las tarifas del mercado eléctrico, las inversiones ferroviarias, la creación de una banca pública o incluso la despenalización de la venta ambulante. Sobresale también la ofensiva contra la Iglesia Católica (a la que atacan por su financiación especial), pero, ante todo, contra el régimen Franquista. Esta última destaca, de hecho, como una de las grandes obsesiones para el partido de Iglesias.

Hasta cuatro proposiciones no de ley se han centrado en este asunto: para anular las sentencias “contra los defensores del orden constitucional en Galicia tras el golpe militar de 1936″, a Blas Infante y a todas las víctimas del franquismo”, así como “el Consejo de Guerra al Presidente Lluís Companys y de todos los Consejos de Guerra y sentencias del conjunto de tribunales políticos bajo el franquismo” o para instar a la retirada del callejero de Ferrol de los nombres de “connotados golpistas y ministros de la dictadura”.

No obstante, las iniciativas sobre temas sociales en sí mismos son reducidas. Entre ellas, destaca la PNL para instar a “garantizar un nivel de renta que ponga a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria”, a la protección de gitanos, extranjeros y colectivo LGBTI, a reducir la brecha salarial o a resolver  la desigualdad social generada desde el inicio de la crisis económica, a la atención a colectivos afectados por la pobreza energética y la pobreza infantil o a reclamar un pacto de Estado por la inversión en la infancia.

Galicia y Andalucía, trato de favor

Analizando el registro de las proposiciones presentadas se observa también un claro trato de favor a los socios gallegos-En Marea-y a Andalucía, en total detrimento de otras regiones, que ni siquiera aparecen en sus demandas

Entre ellas figura, por ejemplo, la que insta a resolver la supresión del servicio ferroviario Lugo-Bilbao, el saneamiento de la ría de O Burgo (A Coruña), el futuro de la autovía A-57  su paso por Pontevedra, frenar la expansión del eucalipto en Galicia, o aumentar la inversión en la línea marítima Ceuta-Algeciras.

Las cifras contrastan, por ejemplo, con las iniciativas de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha presentado 67 proposiciones no de ley-el número se limita en función de la representación parlamentaria que, porcentualmente, superan a las de Unidos Podemos en temas sociales.

Entre ellas, destacan, por ejemplo, las que instan al Gobierno a reconocer la pensión a mujeres víctimas de la violencia de género, a adoptar planes de igualdad entre hombres y mujeres en el Congreso, a fomentar las donaciones, atención al colectivo de afectados de sordoceguera y enfermedades raras, a poner coto al acoso escolar o a llegar a un pacto contra la violencia de género, entre otros.

Idéntico camino siguen los de Iglesias en las Proposiciones de ley, otra de las tipologías en las que se engloba la iniciativa de la oposición parlamentaria. Unidos Podemos ha presentado 22, entre las que destacan, de nuevo, las dirigidas a la protección del colectivo LGTBI, la promoción de los permisos de paternidad y maternidad, medidas contra la violencia de género o eutanasia.

El resto se centra en reclamar la “imparcialidad” del Ministerio Fiscal, una Ley Básica Estatal de los Agentes Forestales, la derogación del plazo máximo para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atacar la “mercantilización de derechos concesionales de agua”, proponer el cierre de centrales nucleares, promover el autoconsumo eléctrico y atacar leyes y reformas del Gobierno, como la ley de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas,la Ley del TC para la ejecución de las resoluciones del alto tribunal o la Ley de Propiedad Intelectual.

Últimas noticias