Rajoy se refuerza como candidato electoral en 2019 con el acuerdo de Presupuestos

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado representa para Mariano Rajoy un importante impulso en sus cálculos electorales. Aunque en Moncloa y en el PP nadie hable abiertamente de un adelanto, la fecha en el horizonte de Moncloa y del PP es 2019. Entonces, Rajoy volverá a concurrir como candidato. 

En el pasado Congreso Nacional del PP, en febrero, Rajoy ya dejó claro que el relevo no está en marcha. «Todavía puedo dar más de mí», dijo ante los suyos, con la vista puesta en «prepararse para las elecciones de 2019», en referencia a las municipales y autonómicas que se celebran ese año.

En un importante sector ‘popular’ esa es la lectura que se saca de estos Presupuestos: con las Cuentas de 2017 aprobadas, se podría recurrir a la prórroga en 2018, y al año siguiente, decretar un adelanto electoral. Por entonces, al PP le quedará todavía un año para su Congreso nacional-2020, cada cuatro años-y Rajoy estaría blindado como candidato. Los rumores de la sucesión hace tiempo que son solo eso, rumores. «Quien habla de eso no conoce ni al PP ni a Rajoy», ironizan en fuentes del propio partido.

Aún con una oposición rotunda del PSOE, el presidente del Gobierno tiene su continuidad asegurada un año y medio más. Tiempo suficiente, estiman en Moncloa, para que la recuperación económica y la creación de empleo se haga efectiva. Incluso para que se enfríe el enfado social por los últimos escándalos de corrupción.

De ahí que la aprobación de las Cuentas Públicas no fuese una cuestión menor. Rajoy no quería pasar a la historia como el primer presidente incapaz de sacar adelante los Presupuestos, y por eso, ordenó cambiar la estrategia: sin apoyos asegurados, se encargó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diseñar el borrador y llevarlo al Congreso, pasase lo que pasase.

La «irresponsabilidad» de Sánchez

A partir de entonces, se inició una negociación in extremis buscando la mayoría alternativa a la que obligaba el PSOE, y que fructificó finalmente en el conocido pacto con Ciudadanos, PNV y los nacionalistas canarios.

Es esa mayoría alternativa a la que se aferra ahora el Ejecutivo para plantear la legislatura. «No tenemos al PSOE, pero sí al PNV», se presume en fuentes de Moncloa, afianzando la confianza en el partido vasco. Los peneuvistas dejaron claro que el apoyo a los Presupuestos de este año no compromete a futuro, pero casi nadie lo tiene en cuenta. Por delante está aún la negociación del Cupo, que activará de nuevo las conversaciones, y los acuerdos. En el futuro inmediato, tras el verano se empezará a negociar el techo de gasto, para el que Rajoy espera contar con la suma que ahora ha desbloqueado los Presupuestos.

Con el PSOE de Pedro Sánchez se intentará negociar, pero el resultado, avanzan ya en el Gobierno, no augura grandes satisfacciones. Sí en cuanto al desafío catalán, o cuestiones europeas, como la posición frente a la salida de Reino Unido de la UE (Brexit), que se negociará en los próximos meses. Poco más. Y mucho menos en el trabajo parlamentario ordinario, vía decreto ley.

Aún así, la mano estará tendida porque ese es precisamente el argumentario del Ejecutivo. «Se negociará con todos», «hay que buscar el consenso». La intención es que sea el propio PSOE, o Sánchez, el que se retrate en la «irresponsabilidad» de no acordar cuestiones de Estado con el Gobierno y de negarse a una legislatura fructífera y constructiva.

En este sentido, para Rajoy es prioritario centrar el desafío independentista. Es, hoy por hoy, la máxima prioridad para el Ejecutivo, que insiste en el mismo mensaje que aplica a Sánchez: diálogo, diálogo y más diálogo. Aunque en el caso del presidente catalán «dentro de la legalidad».

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, insistió este viernes en el ofrecimiento a Puigdemont para que acuda al Congreso a defender su ‘hoja de ruta’ independentista. «Esperamos que el sentido común se imponga», aseveró en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, el Gobierno está dispuesto a evitar por todos los medios que se repita la imagen del 9-N y, aunque se resiste a hablar de medidas drásticas, como la aplicación del artículo 155, sí admite que actuará con todas las herramientas a su alcance para frenar cualquier intento de independencia ilegal o «golpe de Estado», como lo calificó el mismo Rajoy.