Trece miembros de Unidas Podemos se apuntan al ‘paro de los diputados’ con un coste de más de 234.000 €

Un total de 13 parlamentarios de Unidas Podemos hasta la pasada legislatura han solicitado la indemnización por cese (llamada coloquialmente como el «paro de los diputados») tras perder el escaño en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. De esta manera, mientras otros ex diputados han renunciado a dicha asignación, en cambio, los 13 miembros de Unidas Podemos se han desmarcado del discurso anti-casta que sostenían antes de llegar a esta institución y han terminado acogiéndose a lo que consideraban en su día como una «prebenda» o «privilegio de los de arriba». Estas solicitudes -ya aprobadas- supondrán más de 234.000 euros a las arcas públicas.

Entre estos beneficiaros se encuentran Rafael Mayoral, presente en Podemos prácticamente desde su fundación y todavía secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de la dirección del partido, o Jaume Asens, que llegó a presidir el grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso cuando los morados entraron en el Gobierno de coalición. Además, Asens, dirigente de En Comú, está colaborando con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, en las negociaciones con Junts para la aprobación de una ley de amnistía del golpe del 1-O.

El paro de los diputados de Podemos

En su caso, Mayoral recibirá esta asignación durante ocho meses, mientras que Asens gozará de la misma a lo largo de cuatro meses. Según recoge el régimen económico del Congreso, «la cuantía de la indemnización será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional (cifrada actualmente en 3.126 euros) por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de 24 mensualidades».

Los otros once ex parlamentarios de Podemos que han solicitado este paro de los diputados son: Ismael Cortés Gómez (4 meses), Gloria Elizo Serrano (7 meses), Sofía Fernández Castañón (7 meses), Isabel Franco Carmona (7 meses), María del Mar García Puig (7 meses), Antonio Gómez-Reino Varela (8 meses), Pedro Antonio Honrubia Hurtado (4 meses), Antonia Jover Díaz (4 meses), Juan Antonio López de Uralde Garmendia (7 meses), Laura López Domínguez (4 meses) y Roser Maestro Moliner (4 meses). En total, estas indemnizaciones, junto a las de Mayoral y Asens, ascienden a 234.516,75 euros con cargo al presupuesto del Congreso.

Montero en 2016

El argumentario de Podemos sobre estas indemnizaciones ha dado un giro de 360 grados, sobre todo tras llegar al Gobierno. Por ejemplo, la hoy ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, se pronunció en contra de estas pagas cuando era portavoz adjunta de los morados en la Cámara allá por marzo de 2016. Entonces, Montero indicó que en su partido eran favorables a impulsar políticas dirigidas a «disminuir las desigualdades», por lo que reclamaban eliminar los «privilegios» de «aquellos que por su posición en la sociedad» tienden a tenerlos.

Montero manifestó que los diputados deben «ser un ejemplo para la sociedad» en lugar de «disfrutar de privilegios que de alguna manera son injustos porque no los pueden disfrutar la mayoría de la ciudadanía», que con sus impuestos son los que financian este tipo de indemnizaciones, esgrimió.