La Sareb claudica ante Armengol y negocia convertir las viviendas expropiadas en alquiler social
La Sareb, el llamado banco malo, está negociando con el Gobierno socialista de Baleares incluir las viviendas expropiadas a principios de marzo en el convenio de vivienda social. En total, se trata de cuatro inmuebles ubicados en Ciudadela (Menorca), todos ellos situados en el mismo bloque de edificios. La actual postura de la Sareb contrasta con las intenciones que manifestó tras conocer la expropiaciones impulsadas por la presidenta Francina Armengol. Por aquel entonces, admitió que estudiaría todas las medidas legales al respecto.
“Es cierto que cuando conocimos la noticia estudiamos si había que presentar un recurso, pero en paralelo también estábamos negociando el convenio de vivienda social -que ya había caducado- con las autoridades regionales, lo que nos llevó a estudiar la posibilidad de incluir estas viviendas en el convenio de cesión de alquiler social», explican desde la Sareb.
Se trata de cuatro inmuebles ubicados en Ciudadela (Menorca), todos ellos situados en el mismo bloque de edificios
A efectos prácticos, esto supone que la sociedad evitaría la expropiación del uso de los inmuebles, algo que -de momento- no van a evitar Sabadell, Bankia, el fondo de inversión Divarian -participado por BBVA y Cerberus, o Aliseda, el ‘servicer’ inmobiliario de Quasar -sociedad de Santander y Blackstone-.
En estos momento, la Sareb cuenta con una cartera de más de 3.000 viviendas cedidas a alquiler social en todo el país, que se ampliará a 15.000 unidades tras el reciente acuerdo firmado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según dicho pacto, la Sareb cederá 5.000 viviendas a corto plazo a las administraciones locales y autonómicas, pero será el Ministerio dirigido por Jose Luis Ábalos el que asuma parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamientos de las viviendas.
Las viviendas expropiadas
El Gobierno socialista de Baleares ha destinado 1,8 millones de euros para llevar a cabo las expropiaciones. En total, ha expropiado el uso de 56 viviendas durante siete años, de las cuales 27 están en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza.
El Gobierno regional compensará a cada propietario con una media de 400 euros al mes, una cifra que está muy por debajo del precio real del mercado. En concreto, para los pisos ubicados en Mallorca abonará 408 euros al mes -926.000 euros en compensación por el traspaso-; en Menorca, el precio medio será de 336 euros mensuales -un total de 649.000 euros-; y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales -266.000 euros-.