Santander pierde el recurso de la sentencia que le obliga a pagar el bonus a 8.000 jubilados en Brasil

El Tribunal Superior de Trabajo (TST) de Brasil ha rechazado el recurso interpuesto por el Banco Santander contra la sentencia de abril de 2019 que le obligaba a pagar el bonus a 8.000 jubilados de Banespa, entidad que compró el banco cántabro en 2000. La entidad que preside Ana Botín intentaba derivar el caso hasta el Tribunal Superior Federal brasileño, a lo que se ha opuesto el Ministerio de Trabajo que dirige Luis Felipe Vieria.

El proceso se inició en 1998, cuando la Asociación de Jubilados de Banespa (Afabesp) presentó una reclamación judicial contra el banco, proceso que heredó luego el Banco Santander cuando compró Banespa en 2001. Afecta a unos 8.000 ex empleados de este banco, que decidió eliminar la cláusula que obligaba al pago de este bonus a los empleados en caso de que el banco registrara beneficios. Este plus no se abonó entre 1994 y 1995 por falta de beneficios y a partir de 1996 y hasta 2000 se repartió parcialmente. En 2001, cuando Santander compró Banespa, se eliminó del todo esta cláusula.

Según los cálculos de esta asociación de jubilados, el coste para el banco sería de hasta 1.100 millones de euros, algo que el banco cántabro rebaja a poco más de 50 millones de euros debido a que muchos afectados ya demandaron de manera individual y no están incluidos en este proceso.

«Posible» pérdida

Sin embargo, cuando en abril salió la sentencia condenatoria el banco comunicó a la CNMV que iba a presentar un recurso y calificó por primera vez como «posible» un resultado negativo y un coste para el banco de 150 millones de euros. El banco tenía provisionados 776 millones de euros a finales de 2019 para este caso. Un año después no desglosa las provisiones para litigios, que suman un total de 2.200 millones de euros.

La justicia brasileña ha ido dando la razón a la asociación de jubilados de Banespa, mientras el banco español ha ido presentando recursos a todas las instancias del país, de momento sin éxito. Ahora anuncia un nuevo recurso contra esta última decisión. El Santander defiende que esta asociación de jubilados no está habilitada para presentar una denuncia como ésta ya que no tiene el visto bueno de todos los afectados.

El banco está consiguiendo retrasar la ejecución de la sentencia desde hace años. La primera sentencia condenatoria es de 2005, que la entidad cántabra consiguió aplazar con sucesivos recursos ante el Ministerio de Trabajo y ante el Tribunal Supremo.