Sánchez pacta con ERC acabar con los controles financieros que impuso el PP en 2015 a la Generalitat

El Gobierno dejará más libertad de movimiento a la Generalitat catalana a pesar de que aún no ha renunciado -ni por asomo- al independentismo. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado este martes un preacuerdo alcanzado con el Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incluye el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña que activó el Gobierno del PP en 2015.

Concretamente fue un mecanismo que ideó Cristóbal Montoro para evitar que la financiación estatal -el dinero que procedía de la cesta común de los impuestos que pagan todos los españoles, como el IRPF o el IVA- fuera a parar a la causa secesionista.

Según ha explicado Rufián, ese preacuerdo podrá completarse con otras medidas, entre ellas un acuerdo sobre la ampliación de la moratoria de los desahucios, una tema que según ERC es «muy importante» para ellos, aunque lo primero que han pactado en la vida real es el final de la tutela estrecha a las cuentas del Govern catalán que se activó en 2015, cuando el independentismo desafiaba día sí y día también la estabilidad institucional del país.

El preacuerdo incluye, asimismo, el fin del control financiero por parte del Estado sobre los gastos de la Generalitat, lo que llamaban en el pasado «el 155 financiero» y que puso en marcha el ministro Cristóbal Montoro. «Fin de la tutela del abuso austericida», ha proclamado Rufián. Es la carta que el Gobierno le regalará a cambio del sí a las Cuentas Públicas de 2020.

Subir los impuestos en Madrid

Pero no será la única. Ya que el acuerdo entre ERC, PSOE y Podemos, que cuenta con el aval del Gobierno, contempla la creación de una comisión bilateral para estudiar una reforma fiscal integral y la reforma del impuesto de las grandes fortunas para acabar con lo que define como «el paraíso fiscal» de la Comunidad de Madrid, el «dumping» que achacan al gobierno regional respecto a otras comunidades.

Concretamente, la enmienda de ERC implica en la práctica que el impuesto sobre las herencias -Sucesiones y Donaciones- se multiplique por 100 en Madrid y dispararía el Impuesto sobre el Patrimonio en la región que preside Isabel Díaz Ayuso, como publicó OKDIARIO.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, convocó la semana pasada una rueda de prensa de urgencia para explicar una enmienda de ERC que restablecía el Impuesto de Patrimonio en Madrid, pero que también menciona al Impuesto de Sucesiones y las herencias, que a su juicio «es el objetivo real de socialistas, Podemos e independentistas». “No creemos que sea algo de ERC aisladamente. En el último año y medio muchos dirigentes socialistas han ido en esta dirección. El propio Pedro Sánchez lo ha dicho no una vez sino varias», avisó el consejero autonómico.

La herencia media en Madrid asciende a 160.000 euros, por la que los madrileños sólo pagan 22 euros de impuestos. En una comunidad como Asturias, en manos del PSOE, se pagan 2.200 euros por lo que la armonización fiscal que quiere el Gobierno implicaría multiplicar el impuesto sobre Sucesiones y Madrid, de media, por 100.

Una armonización fiscal penalizará a los ciudadanos madrileños. De hecho, los socios independentistas del Gobierno pretenden que si una comunidad autónoma sube estos impuestos al mínimo que fije el Gobierno -o más- lo recaudado va a parar a las arcas autonómicas. En el caso de Madrid, si Isabel Díaz Ayuso no equiparara el tipo autonómico al fijado por el Gobierno central, el impuesto subiría igualmente pero lo ingresado iría a las arcas estatales.

“Nos preocupaba que el día que hizo la rueda de prensa de la presentación de los Presupuestos, la ministra María Jesús Montero dijo que ya los grupos políticos podrían querer hacer algo con la armonización fiscal. Pensamos que estaban concertados desde el principio porque quieren poner no uno sino varios impuestos y esto significa saltar por encima de nuestra autonomía fiscal, lo consideramos una auténtica agresión a los madrileños”, ha afirmado Fernández-Lasquetty.

El plan del Gobierno: recaudar más subiendo impuestos en Madrid que con sus propias alzas fiscales

El Gobierno lleva meses tratando de impulsar una fórmula que suba los impuestos en la Comunidad de Madrid, que ha logrado aumentar la recaudación y cumplir durante los últimos años con holgura con las exigencias de estabilidad presupuestaria y, al mismo tiempo, bajar los tributos a los madrileños. Madrid logró en 2019, antes del estallido de la pandemia, elevar un 3,9% los ingresos de los impuestos de gestión autonómica a pesar de sumar nuevas deducciones en estos tributos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, llegó a decir lo siguiente en febrero de este año, cuando la pandemia ya sobrevolaba la mente de los políticos: «Madrid puede bajar impuestos porque es la capital de España, y tiene más recursos que otras regiones de España. Esa bajada de impuestos es competencia desleal». El plan del Gobierno sobre una nueva financiación regional estaba previsto para este mes de noviembre. Y puede ser una de las concesiones a los socios del Ejecutivo a cambio del «sí» a los Presupuestos para 2021.

Lo más preocupante es que, según los cálculos internos de la Comunidad de Madrid, de llevarse a cabo la armonización fiscal que quiere Montero en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, conforme a la normativa en vigor de otras comunidades gobernadas por el PSOE -porque la armonización de Montero es para elevar impuestos, no para bajarlos- el impacto para los madrileños sería de casi 5.000 millones de euros. Sería el resultado de equiparar la fiscalidad de Madrid en estos tributos a la de una comunidad como Asturias.

Concretamente en el Impuesto sobre Patrimonio el golpe fiscal sería de 1.100 millones y en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de 3.332 millones.

Llama la atención que el propio Gobierno, con sus impuestos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, apenas prevé recaudar esos 5.000 millones. Sólo las medidas fiscales incluidas en los Presupuestos para 2021 ingresarán 1.862 millones, que sumadas a las de otras leyes apenas llegarían a los 5.000 millones de euros de ingresos extra de 2021.

A esto habría que añadir el alza en Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, que también acrecentaría el hachazo fiscal a los madrileños. Y lo peor es que esto se produciría en plena recuperación de la pandemia. Por ejemplo, si se tiene en cuenta que en Madrid la herencia media es de 160.000 euros, un contribuyente de 25 años que actualmente paga 22 euros en Madrid, en Asturias pagaría 2.220,9 euros.