Por qué la izquierda apuesta por la asfixia fiscal a los ricos como estrategia electoral

Yo creo que sí. Que una amplia mayoría de españoles estamos de acuerdo en que los más pudientes tienen que contribuir proporcionalmente más al erario público que quienes tienen o ganan menos. Así lo sellamos negro sobre blanco en nuestra Carta Magna del 78 y así será por los siglos de los siglos, o hasta que un partido político con amplias mayorías en sendas Cámaras, o varias formaciones previo pacto, decidan modificarlo.

Pero que el sostenimiento de los gastos públicos deba hacerse de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, no significa que esta igualdad y progresividad dilapide el también respetable principio constitucional de no confiscatoriedad. Y no por justicia moral, sino porque como continúe la asfixia de quien paga la fiesta, éste se larga por lares holandeses o luxemburgueses, como sucedió esta semana con Ferrovial. Y esto, no lo afirmo yo, sino el Instituto de Estudios Económicos: si las políticas fiscales no cambian, este 2023 la presión fiscal superará en España el 42%. Además, según el Índice de Competitividad Fiscal, nuestra Nación ya ha descendido 11 puestos desde 2019, situándose en la posición 34 de un total de 38 países analizados.

Sin embargo, ¿todo esto qué más da si luego Juan Roig es un “capitalista despiadado” según Ione Belarra o si “todo va de quién paga más impuestos” según Yolanda Díaz? Detrás de estas peligrosas afirmaciones públicas, que destruyen miles de puestos de trabajo y espantan a grandes multinacionales y fortunas, se encuentra el verdadero móvil de la izquierda española: ganar las elecciones.

Siempre sonará mejor la introducción de más horquillas en la tabla de la tarifa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para dotarlo de mayor progresividad que la apuesta firme por una deflactación, es decir; por una bajada de tipos que elimine los efectos producidos por la inflación. Para que nos entendamos, mejor que las rentas medias y bajas sigan ingresando más o menos el mismo IRPF y se lo vendo como que van a pagar mucho más los ricos; a una bajada de tipos para eliminar, de una vez por todas, el terrible efecto de la subida de los precios de los bolsillos de los españoles. 

Siempre granjeará más votos el discurso de que hay que mantener el IRPF alto a los ricos, no vaya a ser que nuestras arcas ingresen menos y no dé ‘para la sanidad pública o las carreteras’, a pesar de que 2022 cerrase como el año de mayor recaudación de toda la historia. O que es necesario mantener el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas – denominación por cierto muy populista con eso de “solidaridad”- en aras de una supuesta redistribución justa del capital, como intentó descubrir Bertrand de Jouvenel. Lo más curioso es que la utopía fiscal de la actual izquierda comunista llega a los mismos postulados de Mussolini para que el capital no pese demasiado tiempo en las mismas manos. Estamos de acuerdo en que nadie acumule demasiada riqueza, pero expoliar con impuestos al que trabajó medio año para el Estado no puede ser la solución.

Que no nos engañen. Nuestra cesta de la compra no va a costarnos menos porque Yolanda Díaz suba los impuestos a los ricos, salvo que con dicha cantidad recaudada cree una cartilla de racionamiento y entonces a todos nos cueste lo mismo el pan, la leche o los huevos. Porque su país soñado acabaría teniendo sólo un tipo de pan, un tipo de leche y, convertidos en Venezuela, de poco serviría echarle huevos. Mantengamos la calma, esto no sucederá. Otro magistral error legal del actual Gobierno de coalición ha hecho que el Impuesto sobre las Grandes Fortunas que será ingresado por vez primera el próximo mes de julio, se reduzca en un 80%. Y el 20% restante, como demostramos desde este medio, podría ser devuelto a sus pagadores y con intereses, ante su evidente inconstitucionalidad por invadir competencias autonómicas y por la propia forma en que fue aprobado (por la puerta de atrás, junto al impuesto a las grandes energéticas y a las entidades bancarias, días antes de que acabara el año).

En definitiva, si a esta misma conclusión llegan las ministras de Hacienda y Trabajo, ¿por qué su panacea es asfixiar aún más a grandes empresas y ricos que ya tienen su residencia fiscal en España o que están por llegar? ¿Por qué no mejor apostar por convertir a España en un país de baja tributación donde se puedan crear muchos más puestos de trabajo más allá del sector turístico, donde trabajadores cualificados se peleen por venir? Donde cada español, además de un trabajo digno, disponga de más dinero en su bolsillo a final de cada mes para animar el consumo y, por ende, la economía. Menos, será siempre más.