El precio de la vivienda nueva sufre su mayor alza desde 2007 y aumenta el 8% en 2023

El precio de la vivienda nueva sufrió su mayor alza desde 2007 en el 2023, una subida media del 8% en comparación con el año anterior. Hace 16 años, el aumento fue del 11,9% y se registró justo antes de la burbuja inmobiliaria de 2008. Así lo refleja el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este jueves.

Por su parte, el precio de la vivienda libre moderó su alza el año pasado, pero experimentó una pronunciada subida del 4% en comparación con los datos del 2022. Con este dato, este porcentaje sufre su décimo año consecutivo en positivo.

No obstante, la subida de 2023 es casi la mitad de la experimentada en 2022, cuando el precio de la vivienda aumentó a su mayor ritmo en 15 años con un avance del 7,4%.

Además, el precio de la vivienda usada aumentó un 3,2% en 2023, su menor alza desde 2020, cuando creció un 1,4%. Es decir, el coste general de los inmuebles se ha visto empujado a la baja por los de segunda mano. Sin embargo, con este repunte, la vivienda usada también acumula diez años de subidas.

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en 2023. Los mayores incrementos medios se registraron en:

• Navarra: +5,9%
• Canarias: +5,3%
• Cantabria: +5,1%
• Andalucía: +5%

Destacan también, con subidas superiores al 5%, las ciudades autónomas de Ceuta (+5,5%) y Melilla (+5,3%).

Los avances más moderados se dieron en:

• Extremadura: +1,5%
• Castilla-La Mancha: +1,7%
• Murcia: +2,3%
• La Rioja: +2,8%.

En el cuarto trimestre de 2023, el precio de la vivienda libre subió un 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior, tres décimas menos que en el trimestre previo. Con este repunte, se acumulan ya 39 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 7,5% en el último trimestre del año pasado en comparación con el cuarto trimestre de 2022, tasa 3,5 puntos inferior a la del trimestre precedente.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se incrementó un 3,6% en tasa interanual, cuatro décimas más que en el trimestre anterior y su mayor alza desde el cuarto trimestre de 2022.

En tasa trimestral (cuarto trimestre de 2023 sobre tercer trimestre del mismo año), el precio de la vivienda libre bajó un 1,1%, registrando así su primera tasa negativa desde el cuarto trimestre de 2022 y su mayor retroceso desde el segundo trimestre de 2020.

El precio de la vivienda nueva disminuyó un 1,4% en el último trimestre del año pasado, mientras que el de las viviendas de segunda mano retrocedió un 1% en comparación con el tercer trimestre de 2023

El Gobierno interviene el alquiler

El Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la influencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, está considerando realizar cambios significativos en la regulación del mercado de la vivienda en España, lo que podría incluir la congelación de los precios del alquiler.

Este aumento en el discurso contra el derecho a la propiedad privada coincide con el anuncio realizado por la secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana sobre la implementación de un índice de precios para limitar los costos de los contratos de arrendamiento en áreas con alta demanda.

Los expertos en el sector inmobiliario ya consideran adversos los efectos de congelar el alquiler. Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid, advierte específicamente que la consecuencia más inmediata será «la retirada de oferta del mercado».

El economista muestra su sorpresa ante los comentarios del secretario de Estado de vivienda, David Lucas, quien mencionó que «los inquilinos van a poder contar con esta herramienta como un arma de presión para forzar a que les bajen las rentas».

La consecuencia de congelar el alquiler sería el deterioro de la vivienda. «En la medida en que el propietario no consigue obtener la rentabilidad esperada, o incluso no consigo cubrir con la renta los gastos en que incurre -el gasto de la comunidad de propietarios, IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)-, lo primero que desatiende es la conservación, el mantenimiento, las mejoras en la vivienda».

En consecuencia, el propietario acaba optando por que «la conserve el inquilino o que se vaya».Los efectos negativos de estas políticas son la razón por la que muchas comunidades autónomas se oponen a su implementación.

Por ejemplo, Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, una de las regiones donde más resultaría de aplicación el índice de precios del alquiler aprobado por el Gobierno, ha confirmado que su formación, con mayoría en el Gobierno de los madrileños, no declarará ninguna zona tensionada en la Comunidad de Madrid. Los populares consideran que «poner restricciones a los propietarios en el uso de sus viviendas encarece el precio».